Normalmente el anarquista responde que el tipo de delito de esta sociedad, es la consecuencia de una serie de causas: si hay dinero y desigualdad en su reparto, habrá quien lo robe. Por el contrario, si desaparece el dinero y la posibilidad de acumular riqueza, dejará de existir el robo. Es decir: si eliminas la causa, desaparecerá el efecto. En una sociedad anarquista, en una sociedad libre, sin dominación e igualitaria, multitud de delitos desaparecerán.
A pesar de ello, objetan, seguirá habiendo crímenes, ya que determinadas conductas sociopáticas no dependen del ambiente, ya sea la sociedad más libre que se pueda imaginar. Hay conductas que vienen inscritas —de alguna manera—, en la propia personalidad. Hay individuos que disfrutan matando, vejando, humillando sexualmente. Hay personas que llevan en la sangre el asesinato, que se ven compulsivamente impelidas a realizarlo... Y vuelven a preguntar: «cómo se neutralizaría a esos sociópatas?, ¿qué harían con ellos?».
Lo que vienen a decir, es que hace falta un cuerpo policiaco eficaz que investigue esos casos escabrosos, y una institución que reinserte socialmente a los delincuentes.
A esto respondemos lo siguiente: que en la actualidad la policía no es eficaz para erradicar el delito; que la cárcel no sirve para la función de reinserción social; que de la ley no emana la justicia.
A) La policía no es eficaz para erradicar el delito. La creencia en su eficacia es debida —en gran medida—, al autobombo y a la propaganda.
En la sociedad se producen un número de delitos muy superior al de los que son conocidos por la policía, ya que la mayoría de los pequeños delitos no son denunciados. De los delitos conocidos mediante denuncia, muchos no son investigados y se archivan. De los que son investigados, tan solo el 30% —según estadística del Ministerio del Interior—, son resueltos. De los que son resueltos habría que descontar los que son mal resueltos culpabilizando a inocentes con buena o mala fe, o los que se dan por resueltos sin haberlo sido...
El Ministerio del Interior suele además falsear las estadísticas para que aparezcan menos delitos de los realmente conocidos. Así hay una gran diferencia entre los 1.294 homicidios declarados por el Ministerio del Interior en el 2007, y las 2.289 muertes investigadas por la Fiscalía General de la Nación y los falsos positivos de la fuerza publica.
Si combatir el delito es el objetivo de la policía, se la debería ver en los barrios marginales, controlando los puntos de venta de droga, el tráfico de armas, los vehículos robados... Sin embargo, en estos barrios sólo hay un CAI, y es muy raro que entren en ellos unidades policiales, dada la hostilidad con que son recibidas.
Por el contrario la policía a quien se dedica a controlar concienzudamente, es a ciudadanos "normales". Quien está correctamente identificado, trabaja, posee domicilio, no va armado, carece de instintos agresivos..., es más fácilmente controlable. La policía no sirve tanto para reprimir al delincuente, como para evitar que la gente de «ley y orden» se atreva a delinquir. Piénsese en la cantidad de medios «antidisturbios» que posee la policía.
En consecuencia lo que pretende la policía no es erradicar la delincuencia, sino mantenerla dentro de unos límites. Es decir, que exista un ghetto sirve —según este razonamiento—: primero para justificar el gasto en un aparato represivo; segundo, para que el ciudadano honrado se sienta defendido. De esta manera la víctima acaba pagando a su propio verdugo. No decimos que esto sea consciente —ni mucho menos—, sino que funciona de esa manera.
La policía sólo podría ser eficaz cuando hubiese pocos delitos. En una sociedad como la nuestra, en la que se cometen delitos continuamente, sólo es eficaz en aquellos casos especialmente relevantes a los que «miran» o que «interesan» (infiltraciones a las FARC, pero no se preocuparon de los PARAMILITARES Y PARAPOLITICOS que correteaban ante sus mismas narices).
Hay muchos delitos, porque las circunstancias de esta sociedad favorecen que los haya. Al existir un régimen que defiende la propiedad privada, la desigualdad y el privilegio, de los más de dos millones de delitos «conocidos» que se producen anualmente en COLOMBIA, el 80% son «contra la propiedad». Este número ingente de delitos, convierte en ineficaz cualquier actividad policial.
La policía no sólo es ineficaz para eliminar el delito, sino que más a menudo de lo que parece, lo impulsa y estimula. La trama de confidentes tolerados que trafican con armas, explosivos y drogas que sucede a diario en los barrios de la ciudad, el hecho de que a dos cuadras del CAI del barrio Boston exista un lugar de expendio de drogas y la policía no haga nada al respecto puede servir de ejemplo.
Hay que mencionar, además, los propios delitos que realiza la policía en el ejercicio de sus funciones: desde negligencias hasta abusos, cohechos, torturas, asesinatos. maltrato detenciones. arbitrarias. homicidios y desapariciones.
La cárcel no puede reinsertar al delincuente.
La función de la cárcel no es la de reinsertar al delincuente en la sociedad de la que se ha salido. Es absurdo que se pretenda socializar a alguien, sacándolo de esa sociedad, desarraigándolo, aislándolo tras unos muros, hacinándolo con miles como él, y haciéndole pasar una serie de humillaciones que quitan la dignidad y la libertad de las personas. Un régimen de esclavitud sólo puede generar su propia perpetuación y la sumisión o la reacción violenta de quienes lo soportan. Por eso la cárcel es un antro en el que los abusos, la violación de los derechos humanos, los asesinatos..., son tapados con hermosas palabras como reinserción. La función de la cárcel es la que siempre ha tenido: la ejecución en el último tramo del circuito represivo, de la venganza y el castigo de aquellos grupos que son privilegiados por las leyes. Esta venganza se efectúa sobre un preso, del que se espera su sometimiento, o en caso de no conseguirse, su aniquilamiento.
Porque las leyes lo que hacen es asentar privilegios e injusticias. Vivimos en una sociedad desigual, en la que unos son pobres y otros ricos. Dado que las leyes se dedican a la defensa de la propiedad privada y los derechos de los individuos, lo que hace la ley es refrendar la desigualdad. Al definir como delito que el que no tiene tome aquello que posee el que tiene, lo que hace es condenar a la cárcel a los desposeídos.
A pesar de todos los argumentos de los clásicos y de los modernos que ofrecemos en contra de las cárceles, policías y leyes, los detractores del anarquismo insisten en que en una sociedad anarquista, aún existiendo pocos delitos, siempre se tendrán que perseguir los de los individuos claramente enfermos, o simples criminales, que atenten contra la vida y la integridad de las comunidades y de las personas, y que para ello seguirá siendo inevitable la creación de cárceles y cuerpos de seguridad.
Imaginemos pues, que en una comunidad anarquista aparecen una serie de muertes misteriosas (pongamos un centenar), cometidas por un asesino invisible, letal, silencioso, que no deja huella a su paso. ¿Quién se ocuparía de descubrirlo?
La respuesta es que lo descubriría el servicio de salud pública, a través de su equipo de vigilancia epidemiológica, siguiendo los métodos de la ciencia médica. Así se determinan los agentes causales de distintos envenenamientos masivos, poniendo nombre y apellido al veneno y señalando al responsable: la talidomida, el mercurio, el vibrión colérico, los aceites industriales. No se llama a la policía para descubrir una secuencia de cien fallecimientos y miles de lesionados. No se espera a decenas de tipos vestidos de azul y armados con porras. Se avisa a los epidemiólogos, a biólogos, a técnicos, a científicos, hombres y mujeres vestidos de calle o con bata blanca, que preguntan, observan, analizan, descubren y toman medidas. Quien es capaz de encontrar un virus, puede descubrir cualquier asesino, sea humano o venido de ultratumba. Y son esos técnicos, que no ostentan la capacidad represiva de un policía, quienes pueden aislar, controlar y reducir esas posibles amenazas, mediante la ayuda —si es preciso—, de otros profesionales que intervienen en situaciones de catástrofe: bomberos, protección civil.
No hace falta —por lo tanto—, un cuerpo dotado de funciones represivas, que se beneficie del delito para justificar su existencia.