Ante la importancia de las reformas al POS nos vemos obligados a volver a la noticia. El siguiente texto es un análisis muy pertinente hecho por la CUT.
La Central Unitaria de Trabajadores denuncia ante la opinión pública que la llamada emergencia social decretada por el Presidente Uribe y el paquete de medidas que la desarrollan, constituyen un engaño al país, una manipulación de los principios y normas constitucionales y un ataque al derecho a la salud de la población.
La declaratoria de la emergencia, que fue presentada como una necesidad frente al riesgo inminente de una perturbación del orden institucional, al amparo del artículo 215 de la Carta Política, tenía como propósito fundamental atender las presiones de los empresarios que controlan las EPS, quienes exigieron mayores recursos para resolver problemas de liquidez generados, entre otras causas, por los altos costos de la intermediación privada, la corrupción, el manejo irresponsable del flujo de recursos por parte del Gobierno Nacional y el sistemático recorte de las transferencias de la Nación a las entidades territoriales mediante reformas constitucionales.
La emergencia no era para salvar los hospitales públicos; al contrario, fueron sometidos al cierre, la privatización y la intermediación; tampoco la hubo para superar las barreras de acceso al derecho, como lo exigieron en 2007 la Procuraduría General de la Nación y en 2008 la Corte Constitucional con su sentencia T -760, que impartió más de 30 órdenes para garantizar la efectividad del derecho a la salud.
La sabiduría popular dice: "lo que mal nace, mal acaba", y esto es precisamente lo que sucede hoy en torno a la Ley 100 de 1993, la cual fue diseñada no para cumplir un servicio social fundamental, como lo es la salud, sino para privatizar y hacer de esto un negocio lucrativo y próspero para unos cuantos, en detrimento del bienestar de millones de colombianos.
Las siguientes son algunas consideraciones generales sobre los decretos de la Emergencia Social:
El flujo y el control de los recursos. Es deplorable que después de 16 años de entrada en vigencia de la Ley 100 (1993) el Gobierno Nacional no haya podido garantizar la claridad y la transparencia en el manejo de los recursos y tenga que recurrir a una declaratoria de emergencia para abordar el problema. Hoy ha quedado claro que las leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y tantos decretos reglamentarios, no han hecho otra cosa que perpetuar el caos y lo mismo ocurrirá con estos decretos que dejan intactos los problemas inherentes al modelo como la privatización y la renuencia a garantizar una financiación estatal.
La reforma tributaria. Hoy el gobierno reconoce que las medidas adoptadas son las mismas que no logró hacer aprobar en el Congreso de la República hace un año y que difícilmente podrían aprobarse en esta época preelectoral. El recaudo previsto, de 1,3 billones de pesos en dos años, a cargo de los consumidores, está muy lejos de subsanar el despojo que la Nación hizo a las entidades territoriales para salud y educación en los Actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. Estos Actos Legislativos arrebataron al sector salud más de 2 billones de pesos cada año. Con la reforma tributaria la responsabilidad financiera se traslada una vez más a los entes territoriales y el costo a los consumidores en un contexto de desempleo, informalidad y pobreza. Es una reforma profundamente regresiva.
A cada cual según su capacidad… de pago. Este es el principio que anima el paquete legislativo. Lo que prima no es la salud como un derecho fundamental sino la sostenibilidad financiera del sistema, más aún, la capacidad de pago del paciente. No hay derecho a la atención si se agotan los recursos del Fonpres, cuyo nombre, Fondo de Prestaciones Excepcionales, sugiere claramente lo difícil que será acceder a la atención. La exigencia de chequera, tarjeta de crédito, carné de la Caja de Compensación o extractos de los Fondos de cesantías y pensiones, significa excluir de plano al 80% de la población.
La eliminación del POS. Lejos de garantizar la unificación de los planes obligatorios de salud de los regímenes contributivo y subsidiado como ordenó la Corte Constitucional, lo que hacen los decretos es eliminar los planes, convirtiendo el No-POS en un plan excepcional y el POS en un plan que se reduce a medicina y odontología general, y al tratamiento de procedimientos de baja complejidad. Así, bajo la concepción de la salud como mercancía, al tiempo que se reduce el derecho, se fortalecen los planes complementarios para estimular el negocio. Los médicos y los jueces, entretanto, quedarán constreñidos a los estándares mínimos que impondrá la nueva burocracia de los tantos comités que se crean en el paquete legislativo, los hospitales sometidos a la externalización de servicios y los trabajadores de la salud a la intermediación laboral.
¿En qué quedan los principios constitucionales de la seguridad social como un “derecho irrenunciable” y la prohibición de “desmejorar los derechos sociales de los trabajadores” mediante los decretos emanados de la emergencia social? (Artículos 48, 49 y 215 de la C.P.N.) ¿En qué quedan la salud como un “derecho fundamental” y la orden de garantizar la atención “requerida por el paciente”? (Corte Constitucional sentencia T-760).
La crisis del sector salud no se resuelve con medidas parciales y menos con un paquete legislativo que establece nuevas barreras de acceso, lo que el país requiere es un nuevo modelo de seguridad social que garantice efectivamente la salud como un derecho fundamental.
Demandamos del Congreso de la República ejercer el control político y su facultad legislativa, usurpada por el ejecutivo; rechazar por inconvenientes y regresivos las medidas adoptadas; apelamos a la Honorable Corte Constitucional para que declare la inexequibilidad de lo actuado y llamamos a las organizaciones sociales y a la opinión pública a acompañar las tareas de movilización y denuncia contra la emergencia social y su paquete legislativo, partiendo en la JORNADA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN.
RAFAEL ALBERTO MOLANO
Presidente (e)
DOMINGO TOVAR ARRIETA
Secretario General
WITNEY CHAVEZ SANCHEZ
Director Dpto de Seguridad Social
