Desplazamiento: el desangre continúa (Y que esperaban?)

Diversas organizaciones de Derechos Humanos, de investigación académica y de análisis del conflicto siguen corroborando los desfalcos y el tremendo fracaso de la política de guerra del mal gobierno. Pastrana, Uribe y Santos: ya va una década completa de guerra contra el pueblo. Una década perdida, en la que no se ha logrado nada. Una década marcada por la sangre derramada por la gente de a pie, como ustedes y nosotros, que son los soldados y los guerrilleros. Una década que prueba que con violencia no se calla a un país. Una década de mentiras y montajes que no han logrado mas que atizar los odios entre hermanos de clase, mientras los ricos miran los bombardeos por televisión.

Hoy sale en la prensa que las zonas más crónicas en donde persiste el desplazamiento forzado de población son las zonas de consolidación del gobierno de Uribe (y por ende, de Santos, no se les olvide), y nosotros les preguntamos: y, ¿que esperaban? ¿En que momento bala, fumigaciones y bombas fue una buena formula para alcanzar la paz?

No cabe mas que añadir que si las políticas del mal gobierno siguen siendo de guerra, hambre y represión, los Pastranas, Uribes y Santos que vengan, tendrán guerra por varias décadas mas.

Desplazamiento: el desangre continúa

Según el último informe de Codhes, 280.000 personas fueron desplazadas en 2010, un drama que se presenta con fuerza en las zonas de consolidación del gobierno Uribe.

Según Codhes, 280.000 fueron desplazadas en 2010.

A pesar de la desmovilización de las Auc, de los golpes decisivos contra las Farc y del anuncio de políticas de tierras y consolidación del gobierno, el último informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) asegura que 280.041 personas fueron desplazadas en 2010, o sea casi 780 cada día (Descargar el informe).

Codhes es una Ong dedicada a la investigación en derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el seguimiento del fenómeno del desplazamiento en Colombia.

Según esa entidad, 30 por ciento de los desplazados vienen de las zonas de consolidación del gobierno Uribe, en los que se concentran las acciones de política pública y de seguridad.

Una cifra por encima de los registros estatales que lleva la Agencia Presidencial para la Acción Social, que contabilizó 86.312 desplazados en 2010, pero que calcula que 40 por ciento vienen de las áreas de consolidación.

El estudio de Codhes revela que el desplazamiento golpea 31 de los 32 departamentos del país, y que las regiones más críticas en el país son el Pacífico nariñense, el Bajo Cauca antioqueño, la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Córdoba, Arauca, Putumayo, Caquetá y Meta.

Una de las razones que inciden más en la persistencia de este fenómeno es que las bandas criminales se fortalecieron en los últimos años y lograron imponerse, buscando dominar los corredores del tráfico de droga y los yacimientos minerales.

El informe de Codhes asegura que en los últimos 25 años más de 5,2 millones de personas fueron desplazadas y que cerca de 390 mil colombianos se exiliaron en otro país, huyendo la violencia.

Los límites de la consolidación
Uno de los aspectos que más llama la atención del estudio es que un porcentaje importante de los desplazados (32,7 por ciento) han salido de zonas donde el gobierno emprendió desde 2007 el “plan nacional de consolidación territorial”, o Centros de Coordinación y Atención Integral (Ccai), programas que tienen incidencia en 86 municipios en 17 departamentos, los cuales el ex presidente Uribe consideró prioritarios para recuperar la seguridad y avanzar en inversión social y empresarial.

Según las políticas de Uribe, después de haber combatido ‘paras’ y guerrilleros en su primera presidencia, en su segundo periodo las zonas de consolidación tenían que complementar la seguridad democrática y reforzar la presencia institucional en las zonas que seguían siendo violentas. En estas regiones las acciones del Ejército se combinan con presencia de instituciones como la Fiscalía, Procuraduría y con proyectos sociales.

En mayo de 2010, Acción Social presentó los resultados de la política que empezó en 2006 y que aunque no está incluida en el plan de desarrollo del gobierno Santos, aún se aplica. El gobierno dijo que se invirtieron más de 1,5 billones de pesos, y presentó resultados en cobertura de salud, educación y programas como familias guardabosque, familias en acción, entre otras.

Así, a pesar de las políticas, en el Pacífico (Nariño, Cauca, Valle y Sur del Chocó), el Caguán (Caquetá), Macarena (Meta), Bajo Cauca, Sur de Córdoba, Montes de María, Sierra Nevada de Santa Marta, Putumayo, Arauca y Catatumbo (Norte de Santander), 91.499 personas abandonaron sus hogares y de los 100 municipios con las más alta tasa de desplazamiento, 44 están dentro de estas áreas de consolidación.

"Algo no está funcionando en ese modelo de consolidación, en 72 por ciento hay grupos paramilitares y en 35 guerrilla", dijo el director de Codhes, Jorge Rojas.

Codhes señala ahí la presión sobre la tierra sigue siendo muy fuerte y la violencia no se ha ido. En 2010, en estos municipios se cometieron 19 masacres, donde murieron a 92 personas, 176 fueron asesinadas y se han registrado amenazas contra defensores de los derechos humanos.

Una de las razones que explica el apetito por estas regiones es, según el informe, el auge de la minería, particularmente del oro. En un tercio de las zonas de consolidación hay explotaciones, como en Montelíbano (Córdoba), varios municipios del Bajo Cauca, en el Pacífico o en el Catatumbo.

“La región más crítica es la del Bajo Cauca, allá están haciendo de todo”, le dijo a VerdadAbierta.com una de las investigadoras del estudio.

En las riberas de los ríos Cauca, Man, Nechí y Cacerí hay cerca de 2.000 retroexcavadoras y dragas que según cifras oficiales sacan 28 toneladas de oro al año. Con la fiebre minera llegaron las bandas criminales, las masacres, los asesinatos y las amenazas. En la región hay 89 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de Antioquia.

El informe también señala que miles de hectáreas de palma y otros cultivos agroindustriales se están implantando en las zonas de consolidación. En el 16 por ciento de estas, según Codhes, hay siembra intensiva de palma africana, como en San Onofre (Sucre), Tibú (Norte de Santander), Guapi y Tumaco (Nariño), en las faldas de la Sierra Nevada y en la Macarena (Meta).

Codhes advierte que aunque la mayoría de empresas palmeras son legales y les compraron las tierras a los campesinos, la presión financiera en regiones que fueron abandonadas por los campesinos es preocupante. "Hay gente aprovechándpse de las zonas de consolidación", señaló Jorge Rojas.

En los Montes de María, una de las zonas más golpeadas por la guerra, muchos campesinos están preocupados por el alza de los precios de la tierra y la llegada de la palma. Por el abandono que sufrieron sus parcelas, la inversión para readecuarlas es muchas veces demasiado alta y es más realista vender que volver. Los campesinos además muchas veces se endeudaron en su desplazamiento y necesitan dinero para pagar.

Codhes resalta además que en las zonas de consolidación no se ha logrado desterrar el narcotráfico, pues en más de 70 por ciento están cultivando coca.

Según Jorge Rojas, la gente no sólo está huyendo los enfrentamientos por rutas, laboratorios y plantaciones de droga, pero también las fumigaciones que son realizadas en marco de operaciones militares.

Un drama crónico
El estudio de Codhes, basado en cifras de gobiernos extranjeros y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), también reveló que hay cerca de 390 mil colombianos refugiados, 11 por ciento de todos los colombianos que viven por fuera. Así 54 mil refugiados huyeron a Ecuador, 34 mil a Estados Unidos, 15 mil a Canadá, 10 mil a Costa Rica y el resto se reparten entre España, Panamá, Venezuela y Brasil.

“Los refugiados no están en el conteo de víctimas, ni sabemos si ellos tendrán derecho a ser reparados en la ley que está debatiendo el gobierno”, dijo Jorge Rojas.

Codhes también contabilizó 5,2 millones de desplazados en 25 años, una crisis crónica, con más de 200.000 personas que abandonan sus hogares cada año, la cifra más elevada del mundo, por encima de Sudán, Irak o Afganistán. Además, desde 2002, 44 líderes de tierras fueron asesinados, 10 de ellos en el último año.

“El problema es crónico, y que sean paramilitares, bandas criminales o guerrilla que están detrás del desplazamiento, son sólo nombres que no pueden esconder las estadísticas”, dijo a VerdadAbierta.com un investigador de Codhes.

Tomado de eltiempo.com + verdadabierta.com

De la verborrea de Santos...

"No solo son asesinos, sino también actores" dijo Santos refiriéndose a la insurgencia colombiana. Santos sale a dar unas medidas declaraciones de "molestia" (http://www.eltiempo.com/politica/tras-liberaciones-piedad-cordoba-anuncia-mensajes-de-paz_8851022-4) en un momento crítico del proceso de liberación unilateral de prisioneros de guerra por parte de las FARC-EP. Según él, el proceso de liberación responde a un "show mediático" y no a un gesto humanitario de paz por parte de la guerrilla de Marulanda. Las declaraciones, que fueron emitidas por todos los noticieros nacionales, dejan ver la cara amarga del gobierno de la "Unidad Nacional".

Santos demuestra que está preocupado por el curso de los acontecimientos de la guerra, y responde desesperado pretendiendo sabotear e invisibilizar el legítimo protagonismo de los actores del conflicto armado colombiano. ¿Por qué le afana tanto que la comunidad nacional e internacional se entere de lo que pasa en Colombia? Si su gobierno es tan legítimo, democrático y correcto, ¿por qué le dan miedo las palabras de un "terrorista" como Alfonso Cano o Iván Marquez? ¿Por qué está tan preocupado por que la insurgencia ratifique su posición como actor político en Colombia?

La historia republicana de Colombia, caracterizada por un uniforme gobierno de elite, ha demostrado siempre que el Estado -a través cada presidente- siempre ha preferido sofocar las reclamaciones de la gente por medio de la violencia, antes que dejar ver sus razones políticas para estar en desacuerdo. A Santos y a sus amigos no les conviene que la gente entienda las razones históricas que generan una presencia permanente de inconformidad social organizada (armada y no armada) durante los últimos 100 años en el país.

Si la sociedad colombiana entendiera que la desigualdad, la injusticia, la concentración de riqueza y la marginación política son las razones históricas de cuantas guerrillas vivan y mueran en Colombia, su "gobierno de Unidad" se quedaría sin sustento ético, social y político. No hay RCN o Caracol que puedan contra la verdad de los pobres. Por eso es que a Santos le da miedo permitir que Cano, Márquez o Gabino le hablen directamente a él y al país, así como el solo nombre de "Manuel Marulanda" hizo temblar a los pusilánimes representantes de los ricos que se han sentado a mal gobernar en la Casa de Nariño, desde Rojas Pinilla hasta Álvaro Uribe.

Es por esto que al mal gobierno le da miedo una negociación política del conflicto armado, y hará todo lo posible por desfigurar la cara de la oposición frente a la opinión publica. No se trata de FARC, ELN, o cualquier otra organización, sino del hecho de que para acabar con el conflicto armado en Colombia, el Estado debe comprometer sus intereses y ceder en temas como la concentración de la riqueza, la disparidad de la tenencia de la tierra y el acceso a los círculos de gobierno: a Santos y sus amigos se les acabaría la fiesta.

Mientras tanto, ellos tendrán la razón de la fuerza, nosotros la fuerza de la razón.

Movimiento IRA.
www.movimientoira.blogspot.com

De la verborrea de Santos...

“No solo son asesinos, sino también actores” dijo Santos refiriéndose a la insurgencia colombiana. Santos sale a dar unas medidas declaraciones de “molestia” (http://www.eltiempo.com/politica/tras-liberaciones-piedad-cordoba-anuncia-mensajes-de-paz_8851022-4) en un momento crítico del proceso de liberación unilateral de prisioneros de guerra por parte de las FARC-EP. Según él, el proceso de liberación responde a un “show mediático” y no a un gesto humanitario de paz por parte de la guerrilla de Marulanda. Las declaraciones, que fueron emitidas por todos los noticieros nacionales, dejan ver la cara amarga del gobierno de la “Unidad Nacional”.

Santos demuestra que está preocupado por el curso de los acontecimientos de la guerra, y responde desesperado pretendiendo sabotear e invisibilizar el legítimo protagonismo de los actores del conflicto armado colombiano. ¿Por qué le afana tanto que la comunidad nacional e internacional se entere de lo que pasa en Colombia? Si su gobierno es tan legítimo, democrático y correcto, ¿por qué le dan miedo las palabras de un “terrorista” como Alfonso Cano o Iván Marquez? ¿Por qué está tan preocupado por que la insurgencia ratifique su posición como actor político en Colombia?

La historia republicana de Colombia, caracterizada por un uniforme gobierno de elite, ha demostrado siempre que el Estado -a través cada presidente- siempre ha preferido sofocar las reclamaciones de la gente por medio de la violencia, antes que dejar ver sus razones políticas para estar en desacuerdo. A Santos y a sus amigos no les conviene que la gente entienda las razones históricas que generan una presencia permanente de inconformidad social organizada (armada y no armada) durante los últimos 100 años en el país.

Si la sociedad colombiana entendiera que la desigualdad, la injusticia, la concentración de riqueza y la marginación política son las razones históricas de cuantas guerrillas vivan y mueran en Colombia, su “gobierno de Unidad” se quedaría sin sustento ético, social y político. No hay RCN o Caracol que puedan contra la verdad de los pobres. Por eso es que a Santos le da miedo permitir que Cano, Márquez o Gabino le hablen directamente a él y al país, así como el solo nombre de “Manuel Marulanda” hizo temblar a los pusilánimes representantes de los ricos que se han sentado a mal gobernar en la Casa de Nariño, desde Rojas Pinilla hasta Álvaro Uribe.

Es por esto que al mal gobierno le da miedo una negociación política del conflicto armado, y hará todo lo posible por desfigurar la cara de la oposición frente a la opinión publica. No se trata de FARC, ELN, o cualquier otra organización, sino del hecho de que para acabar con el conflicto armado en Colombia, el Estado debe comprometer sus intereses y ceder en temas como la concentración de la riqueza, la disparidad de la tenencia de la tierra y el acceso a los círculos de gobierno: a Santos y sus amigos se les acabaría la fiesta.

Mientras tanto, ellos tendrán la razón de la fuerza, nosotros la fuerza de la razón.

Mov. IRA.