Debate por reforma a la Ley de Educación Superior: CON MUCHAS IDEAS (Y MUCHISIMAS PIEDRAS)

Nuestra respuesta es muy simple, y es la misma desde hace mucho tiempo, desde cuando empezaron a plantear las reformas a la Ley 30. Con capucha o sin capucha, la Universidad Pública se defiende. Y se pueden ir acostumbrando los furibistas resentidos que nos tratan de terroristas. Los argumentos están de nuestro lado. Tenemos las ideas muy claras y no somos ningunos vándalos. Santos intenta aparecer conciliador por medio del sapo de Angelino, pero ya hemos tenido suficientes "debates abiertos", suficientes reuniones con el gobierno, suficientes representantes que terminan cooptados, suficientes rectores que no arriesgan su puesto por defender nuestra U.

Hoy, todas las universidades públicas del país se levantan contra esta propuesta privatizadora. Universidades con animo de lucro?! En que mundo vivimos?
Si insisten en acabar con la Universidad, seguirán encontrando resistencia.
Movimiento IRA.

Debate por reforma a la Ley de Educación Superior

La propuesta de reforma de la Ley de educación superior (Ley 30 de 1992) que presentó el presidente Juan Manuel Santos hace unos días dejó a los rectores de universidades públicas y privadas, además de sorprendidos, con un sinsabor y una nube de preguntas.

Gobierno y universidades coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a las nuevas dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país, muy diferentes a las que existían hace 18 años cuando se promulgó la ley.

El aumento de la cobertura ha sido una de las grandes deficiencias del sector. Aunque el número de estudiantes en las universidades pasó de 1’040.000, en el 2002, a 1’750.000, en el 2009, en el país hay 3’200.000 jóvenes que no acceden a la educación superior. Además, cada año 600.000 nuevos bachilleres salen a demandar formación profesional.

Este problema, que inevitablemente debe ir acompañado de más recursos, motivó al Gobierno a incluir dentro de la reforma propuestas polémicas como la creación de universidades con ánimo de lucro y permitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior públicas.

La propuesta no cayó muy bien entre las universidades públicas y privadas. Los rectores, que lamentan no haber sido consultados, analizan al detalle, y con reserva, los 164 artículos de la iniciativa del Gobierno. Planean llevar ante el Congreso de la República un proyecto de reforma estatutaria que condense su posición en el tema.

No obstante, José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), destaca varios puntos de la propuesta que considera positivos en temas como la internacionalización y los créditos educativos.

“Es un avance significativo el reconocimiento del Gobierno de que no es posible que un estudiante pueda pagar la totalidad de un crédito sin un subsidio”, afirma Isaza.

De todas maneras, son más las inquietudes que deja la propuesta, en especial en los temas financiero y de autonomía universitaria, que sin duda serán dos de los más debatidos en los espacios que el Ministerio de Educación tiene abiertos para recibir los aportes de quienes estén interesados en debatir la propuesta antes de ser radicada en el Congreso.

El problema es de recursos

Desde hace varios años las universidades públicas le han exigido al Gobierno el reconocimiento y el reembolso del dinero que en los últimos 13 años invirtieron para aumentar la cobertura. El gobierno anterior había tenido en cuenta esa solicitud, que fue incluida en un proyecto de ley que reformaba algunos artículos de la Ley 30.

Sin embargo, para sorpresa de los rectores, en el proyecto de reforma al sistema que el Gobierno presentó en días pasados no fue incluida.

“En los últimos 13 años nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al Consumidor (...) En el año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema de 32 universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar y es la única adición que han hecho en ese tiempo”, aseguró el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman.

En la propuesta, el Gobierno plantea otorgar a las públicas un 1 por ciento adicional al IPC en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entreel 2014 y el 2019. Sin embargo, para las universidades, no será suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen, además del compromiso de aumentar, cada vez más, su matrícula.

“Hace diez años, el costo per cápita por cada estudiante de la Universidad de los Andes y la Nacional era el mismo. Hoy, el costo por cada estudiante de la Nacional es la tercera parte del de un alumno de los Andes”, recalca Wasserman, quien considera que las adiciones que plantea el Gobierno son “paliativos insuficientes”, dadas las responsabilidades económicas que deben asumir las universidades.

“Hay exigencias surgidas de nuevas leyes que han regulado el salario de los profesores de acuerdo con su productividad académica, han aumentado los costos de la seguridad social de todos los empleados y han modificado sustancialmente las exigencias estructurales para las instalaciones docentes. Así mismo, el sistema de mejoramiento de la calidad ha requerido de más y mejores laboratorios, bibliotecas, lugares de estudio y ámbitos para el bienestar”, agrega el rector de la Nacional.

Dinero privado en la universidad pública

En la presentación de la propuesta, el presidente Juan Manuel Santos aclaró que “los recursos públicos son limitados”, y ante esa realidad, propone que la empresa privada ponga su grano de arena, incluso en la universidad pública para “el apoyo de la prestación y el mejoramiento del servicio educativo, y el desarrollo de proyectos de investigación y proyectos productivos”, según lo contempla la norma.

Para el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, el ingreso de dinero del sector privado para investigación no es una novedad. “Las universidades trabajamos con la empresa desde hace 40 o 50 años. Hay comités universidad-empresa-Estado en todas las regiones del país”, dice.

Lo que sí genera inquietudes en los rectores es cómo y con qué fin ingresaría el dinero de la empresa privada “para el mejoramiento del servicio educativo”, como lo plantea el proyecto.

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, aclara que no se trata de recursos para “comprar pupitres o tableros”, sino para fortalecer la investigación en las universidades. La idea es que la empresa “ponga la plata, que vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante. Con esas utilidades se podrá seguir invirtiendo en educación”, explica Campo.

“Hoy -agrega la Ministra- un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos ir más allá; que el empresario no sólo contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con la ayuda de las universidades”.

Aunque ninguno de los rectores ha hablado del tema en público, Semana.com conoció que uno de los temores que genera esta propuesta es la propiedad intelectual. ¿Qué pasará con el nuevo conocimiento que generen las universidades, pero con el capital de las empresas?

Universidades con ánimo de lucro

Este es otro de los puntos que generan inquietudes. Para los rectores, la creación de esta nueva figura puede poner en peligro la calidad de la educación superior.

De aprobarse esta propuesta, según la ministra de Educación, las empresas podrían invertir recursos en las universidades, asociarse con alguna institución de educación superior o crear una propia. En todas estas, el lucro sería una de las características que no se ve hoy en las universidades: ninguna es creada con estos fines y sus ganancias deben ser reinvertidas en la institución.

Países como Brasil le apostaron a esta estrategia con excelentes resultados: “En 12 años pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 6’000.000, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro”, resaltó el presidente Santos.

Para los rectores, más allá de las cifras, existe el riesgo del detrimento de la calidad y resaltan que parte del éxito de esta estrategia en Brasil se debe a que el país también aumentó significativamente la inversión en las universidades públicas, que, en últimas, son las que generan conocimiento y tienen más posibilidad de estar en el ránking de las mejores universidades. “Una institución con ánimo de lucro nunca estará en estas listas”, asegura Wasserman.

“Lesiona la autonomía universitaria”

La propuesta tiene un capítulo especial dedicado al aseguramiento de la calidad, la acreditación y la evaluación de la educación superior. Si bien es un tema que se viene trabajando desde el gobierno pasado, con esta nueva norma el Ministerio de Educación, según los rectores, adquiriría más poder para vigilar y sancionar.

“Hay una lesión enorme a la autonomía universitaria. (…) Es peligroso para la democracia que se le entregue tanto poder a un organismo ejecutivo, sin controles por parte de los órganos judiciales. La propuesta le da una fuerte capacidad sancionatoria al Ministerio, pero hay que tener cuidado porque realmente puede llevar a abusos”, afirma el presidente de ASCUN, José Fernando Isaza.

Tomado de semana.com

Nunca más nos podrán engañar!

Al matón de Santos y su perrito faldero Alngelino se les llena la boca hablando de la democracia en Colombia. Aquí, en la Colombia del posconflícto, la gente tiene garantizados sus derechos. En el país de la Unidad Nacional, ya que no hay razones para desobedecer la institucionalidad del Estado. En la gran patria pacífica que heredamos del precursor Alvaro Uribe, la reconciliación nacional es un hecho. Y en estos "hechos" confirmados se basan las ofensivas diplomáticas de Santos y Angelino en Europa, Naciones Unidas, y Washington.

La realidad en Colombia, sin embargo, no puede ser más lejana a las palabras mentirosas del mal gobierno de Santos y sus representantes. Aquí, en la verdadera Colombia "todavía" matan gente por reclamar sus derechos. Aquí, en el país más desigual de Latinoamerica, el conflicto armado sigue el rojo vivo en todo el territorio nacional. Aquí, en el país de los "Falsos Positivos", la mafias de cuello blanco se siguen robando las elecciones cada 4 años.

El discurso venenoso de Santos frente al "fin de la lucha armada" como opción legitima de un pueblo a defenderse, se cae completamente frente a la realidad del país. El presidente ha declarado, al estilo de Fukuyama, el momento en la historia colombiana en la cual la lucha política por medios paralelos a los electorales es ilegitima e innecesaria. Pues piénsenlo de nuevo. Con noticias como esta (ver abajo) nos levantamos todos los días. Los mecanismos legales de reclamación no solo no funcionan, sino que no son respetados por la mano negra del Estado colombiano.

Con miedo y angustia recordamos la experiencia de la Unión Patriótica. El Estado nos invita de nuevo a salir de la obscuridad, a "dar la cara" y dejar de lado las vías de hecho. Nos dicen que los canales institucionales están abiertos, y que nuestros derechos serán respetados y nuestras propuestas, escuchadas. Mientras tanto, cientos de líderes civiles y personas valiosas van cayendo en silencio, asesinados por las balas del Estado, traicionados, nuevamente, por una clase criminal que se rehúsa a dejar el poder.

Nos rehusamos a ser engañados una vez más. Rectificamos nuestra posición dentro de la lucha política clandestina, pues consideramos que en COLOMBIA NO EXISTEN GARANTÍAS para dar la batalla de manera abierta y en las urnas. De la misma manera, llamamos a todas las organizaciones hermanas y afines a tener mucho cuidado con las ofertas amables que hace el gobierno de Santos, y a fortalecer la lucha clandestina como la única opción para defender nuestros derechos y la vida misma de nuestros hermanos.

Esta es la verdadera cara terrorista del Estado colombiano...

Van más de 50 líderes de restitución de tierras asesinados en 3 años
David Góez era testigo en procesos de restitución de tierras.

Entre el martes y el miércoles mataron a tres, uno de Turbo y dos de Apartadó.

David Góez Rodríguez, líder del proceso de reclamación de tierras en Tulapas, municipio de Turbo (Antioquia), fue asesinado al mediodía del miércoles en Medellín.

Seis horas más tarde murió por cuenta de hombres armados Ever Verbel Rocha, cerca a su finca en San Onofre (Sucre). Un día antes fue asesinado Bernardo Ríos Londoño, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Ante la escalada de crímenes contra los campesinos que buscan recuperar los bienes que les quitaron los grupos armados ilegales, y que en tres años ya deja más de 50 muertos, se convocó para el lunes una reunión urgente del recién creado Comité de Inteligencia para evaluar la situación.

Góez Rodríguez, de 67 años, recibió una llamada telefónica en la que lo citaban en el centro comercial en el barrio Belén. Fue atacado por desconocidos que le dispararon cinco veces.

Él era el vocero de una organización de víctimas que reclaman sus derechos sobre 20 mil hectáreas, en las que se ubican 13 predios en la región de Tulapas, en Turbo.

La restitución de estos predios a los campesinos está estancada ya que aún no se han declarado las fraudulencias de los títulos por parte del Tribunal de Justicia y Paz, a pesar de que el despojo de los campesinos fue confesado por el mismo jefe del bloque Élmer Cárdenas, Freddy Rendón, alias 'El Alemán'. (Vea más noticias sobre restitución de tierras)

Fuentes cercanas a la víctima, aseguran que el asesinato tendría que ver con una negociación que estaría liderando para poder regresar a sus predios.

A pesar de que el lío con los predios no se ha resuelto, estos cuentan con medidas de protección especial que impide su compraventa. Góez --dicen sus allegados-- cuestionaba constantemente "la demora del Gobierno para entregarle su predio". Fue víctima de la guerrilla del Epl y luego de paramilitares.

Góez era testigo de procesos judiciales en casos de restitución de tierras en la zona. "Había sido muy participativo en los procesos penales que se adelantan por el caso, especialmente, ante la Fiscalías 16 de Derechos Humanos de Medellín, y la Fiscalía de Justicia y Paz que documenta los casos del Bloque Élmer Cárdenas de las denominadas Autodefensas Unidas de Columbia (AUC)", dice un comunicado oficial.

La segunda víctima es Ever Verbel Rocha, quien fue asesinado el mismo día a las 6:15 de la tarde, a 200 metros de su finca, ubicada en el municipio de San Onofre (Sucre).

"En el año 2005, fue asesinado su hermano Guillermo Verbel y a partir de allí la familia salió desplazada. En la actualidad el grupo familiar ha podido retornar de manera intermitente a la finca. El caso ha sido expuesto por el Movimiento de Víctimas de Estado (MOVICE) y esta familia cuenta con medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", dijo el Gobierno en un comunicado, y agrega que reclaman sus derechos sobre la finca Puerto Colombia, ubicada en el corregimiento de Higuerón, Región Calderín, en San Onofre.

En el ataque contra Verbel salió herido su hermano. La finca tendrían protección de la Infantería de Marina.

El último caso tiene que ver con la muerte de Bernardo Ríos Londoño, de 27 años, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que fue tiroteado en la noche del martes, en el sector de Tierra Amarilla. Cerca al lugar había un retén del Ejército, según testigos.
La OEA condenó los asesinatoscontra líderes de reparación de tierras.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, aseguró que es necesario que se tomen medidas “articuladas y coordinadas” para prevenir este tipo de crímenes.

También pidió que estos hechos se investiguen y se esclarezcan prontamente.

Tomado de eltiempo.com

Presidente Santos presenta gran reforma a la educación superior

Con gran preocupación los integrantes de la comunidad universitaria recibimos esta noticia. El mal gobierno pretende profundizar las reformas que adecuan nuestra universidad pública a la dinámica del capitalismo tardío. La Ley 30 de educación, desde su creación en 1992, dispuso que las universidades públicas, como Entidades públicas que son, deberán funcionar de acuerdo con "los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación (...)". El principio de "eficacia" a ojos de los tecnócratas que diseñan hoy día la administración del Estado, significa que las universidades deben rendir a la par de una empresa, es decir, que deben ser vistas bajo un esquema de costos. Esta visión predispone que la universidad debe generar ganancias suficientes para cubrir sus gastos, de tal manera que al Estado no le toque sostenerla por medio de un presupuesto para educación.

Esta concepción tiene obvias implicaciones muy graves para un país como Colombia. Cuando el Estado se "lava las manos" y no aumenta el presupuesto de las universidades (como lo ha venido haciendo durante la ultima década), a la institución educativa le toca escoger básicamente entre recortar la planta profesoral y eliminar cupos de estudiantes (es decir, reducir la universidad misma), o comenzar a generar ganancias para poder "autosostenerse". Esta ultima opción plantea el alza de matriculas para los estudiantes, el alquiler del campus a empresas privadas, priorizar la enseñanza del nivel de postgrado, la subcontratación y la precarización laboral de profesores y trabajadores, y -de todas maneras- la reducción de la planta profesoral.

Como se puede apreciar, la disyuntiva a la que llega la universidad pública de manera forzada, tiene un solo damnificado: la gente pobre. Los hijos de los ricos (como Martinsito Santos, que va a los Andes y paga 10 millones de matricula semestral) seguirán yendo a universidades privadas, que cada día serán vistas como una opción laboral más digna por los profesores cualificados que aun quedan en la universidad pública, ya que allá recibirán un salario acorde a su preparación académica. La calidad de la educación superior pública seguirá en descenso, mientras su costo sigue ascendiendo.

No se trata de "privatización" o no "privatización", señor Santos: esta discusión tiene una raíz filosófica muy sencilla: ¿vemos la educación pública como un derecho que el Estado debe proveer a todos los colombianos por igual, o como un privilegio disponible para los que tengan acceso a él?

Para el mal gobierno, la educación pública es un gasto innecesario, un rubro que hay que eliminar del presupuesto nacional porque "le cuesta demasiado al país". En el 2009, por primera vez en Colombia, el presupuesto de defensa superó el presupuesto de educación: el 14.2% del PIB nacional fue destinado a pagar los gastos de la "Seguridad Democrática", y el 13.9% del PIB fue para educación. Gracias a las políticas de la estos criminales de corbata, en Colombia se destina en promedio un 0.4% del PIB para educación superior, mientras que el promedio de America Latina es de un 1.2%. Este es el desarrollo del señor Santos.

Santos promete que sus reformas incrementarían el presupuesto en un 1% anual, por medio de la creación de instituciones con animo de lucro. Dado el nivel de endeudamiento y déficit actual de las universidades públicas, esta es una solución profundamente insuficiente, por la cual vamos a pagar los paisanos de a pie: las clases medias y bajas que buscan educarse. Paños de agua tibia, frente a un problema que es de fondo y tiene una raíz estructural: el Estado, como bien lo dice la Constitución Nacional, debe proveerle educación al pueblo.

Solo esperamos que frente a esta profundización de reformas que amenaza directamente la vida de la Universidad (que por cierto ya esta en un coma profundo), el debate "coja candela", y los jóvenes conscientes piensen en las repercusiones que estas "grandes reformas" tendrán para el país. Debemos pensarnos una nueva Universidad; la Universidad no es una empresa, debe ser una fuente de conocimiento al servicio de la gente.

Con capucha o sin capucha, a prender las molochas y levantar las barricadas, hay que defender la Universidad!
Movimiento IRA.

Presidente Santos presenta gran reforma a la educación superior

El proyecto contempla crear instituciones con ánimo de lucro, de manera que estas aporten recursos para los fondos de becas y de crédito que benefician a los más pobres.

Al presentar este jueves en la Casa de Nariño el proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación, el presidente Juan Manuel Santos explicó los cuatro pilares en que se basa esta iniciativa: promover la calidad y la investigación; aumentar los recursos para la educación superior, incluyendo el capital privado; tener una educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional, y garantizar una gestión educativa basada en el buen gobierno.

Promover calidad

El primer pilar de esta iniciativa es promover una educación en Colombia de mayor calidad, planteando incentivos a la buena calidad y a los procesos de acreditación, así como al fomento de investigación e innovación.

“Precisamente, el 10 por ciento de las regalías, según la reforma que está en trámite en el Congreso, será invertido en programas regionales de ciencia y tecnología”, subrayó el Jefe de Estado.

Por esta razón el mandatario hizo un llamado a los rectores, para que empiecen a pensar en el diseño de proyectos de ciencia y tecnología, que impacten en el desarrollo regional.

Aumentar recursos

El presidente Santos aseguró que el segundo objetivo de esta reforma es generar condiciones para que más colombianos se gradúen de la educación superior.

Reconoció que para cumplir con este objetivo, se requieren recursos financieros, para lo cual se debe ampliar la fuente de este presupuesto y no limitarlos al presupuesto público.

“Los recursos públicos son limitados y debemos ser muy ingeniosos para ampliar las fuentes de recursos del sector. Prevemos mantener la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior públicas, adicionando un aumento porcentual escalonado, dirigido a mejorar la calidad, la formación docente, la investigación y el aumento de cobertura con énfasis regional”, explicó.

Anunció que además de la base presupuestal y del ajuste natural por cuenta de la inflación, “el Estado otorgará un 1 por ciento adicional en 2012, un 2 por ciento en 2013, y un 3 por ciento entre 2014 y 2019, premiando resultados y buenos indicadores de desempeño”.

Indicó que también se prevé la inyección de aportes de alianzas publico-privadas a la educación superior pública, para que genere más competitividad.

“La educación pública, si quiere ser competitiva, no puede negarse la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. Y eso, que quede claro, no significa privatizar, sino invertir. Desde ya quiero evitar malos entendidos. Lo que estamos proponiendo busca, simple y llanamente, que el sector privado se meta la mano al bolsillo en beneficio de la educación superior pública, y en alianza con ella, sin que eso represente un sólo peso de costo adicional para el estudiante. ¡Todo lo contrario! Los beneficios de las alianzas mejorarán la calidad de la formación y la investigación”, enfatizó.

Santos indicó que además se propone crear Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro, de manera que estas instituciones aporten recursos para los fondos de becas y de crédito que benefician a los más pobres.

“A las instituciones de educación superior se les ha exigido que sean sin ánimo de lucro, lo que ha limitado las posibilidades de inversión privada en ellas. Por eso proponemos crear Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro”, explicó.

En este sentido puso a Brasil como un ejemplo de cómo esta fórmula multiplica la cobertura. Allí en 12 años pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 6 millones, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro. “Estas instituciones, además, aportan recursos para los fondos de becas y de crédito que benefician a los más pobres”, agregó.

El mandatario dijo que de acuerdo con la propuesta, el esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado podría significar unos 2,4 billones de pesos adicionales para el sector en los próximos 3 años.

“Esos recursos serían suficientes para que pasemos de alrededor de 1’600.000 estudiantes que hoy están en procesos de formación de educación superior a 2’200.000 estudiantes, recibiendo educación superior pertinente y de calidad, en el 2014. ¡Un aumento del 37 por ciento!”, informó.

Explicó que, además, el proyecto de ley también fortalece al Icetex, para brindar más oportunidades de estudio a todos los colombianos, mediante sistemas de becas-créditos, entre otras estrategias.

Una educación acorde con la realidad regional e internacional
El tercer pilar de esta ley es adecuar el Sistema de Educación Superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales. Aseguró que de esta manera la educación superior será útil y pertinente para las regiones del país y además cumplirá con estándares internacionales.

Explicó que se crearán los comités departamentales de Educación Superior, con la participación de las Secretarias de Educación como instancias de coordinación a nivel regional. “Después de todo, las regiones son las que pueden determinar el tipo de capital humano que requieren y demandan”, aseguró.

En el plano de la internacionalización, la propuesta facilita la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, así como su participación en redes académicas. “También promueve la internacionalización del currículo y de nuestro sistema de calidad, para que nuestros profesionales tengan las puertas abiertas en muchos otros países”, dijo.
Buen Gobierno

El proyecto de reforma contempla un capítulo específico de Transparencia y Buen Gobierno, que busca promover criterios de gobernabilidad que combinen la autonomía institucional y la responsabilidad pública.

“También se exige la rendición de cuentas, para que la sociedad y el Estado reciban información veraz y oportuna de los recursos recibidos por las instituciones, tanto del Estado como de la sociedad en general, y las metas alcanzadas con ellos”, puntualizó el presidente.

http://elespectador.com/noticias/educacion/articulo-256112-presidente-santos-presenta-gran-reforma-educacion-superior

SANTOS: NO MAS MENTIRAS!

Es increíble, ya hasta los diarios tradicionales de las principales ciudades de Colombia desmienten, en primera plana, las mentiras de supuestas victorias militares y triunfos de la "Seguridad Democrática" que a diario escupen los representantes del mal gobierno a los medios de la familia del presidente.

Esta vez, se trata de un supuesto "secuestro masivo" de 23 empleados de una multinacional petrolera que fue frustrado por los "héroes de la patria" bajo el mando directo del general Edgar Cely. Resulta ser que, primero, la "acción terrorista" de la insurgencia no era un secuestro masivo, sino una acción para mandarle un mensaje a la multinacional, los trabajadores iban a ser liberados unas horas después, y segundo, no hubo ningún "rescate militar" como salio triunfante a balbucear el ministro de defensa: el comandante guerrillero a cargo de la operación simplemente los dejo ir, indicándoles el camino para retornar de manera segura a la población mas cercana.

Son ridículos los tecnicismos del general Cely para argumentar que si hubo un triunfo militar (ver articulo abajo). Ya los únicos que celebran este tipo de noticias son los reporteros "de trancón" de El Tiempo y las perradistas de RCN. Es imposible tapar el sol con las manos, y cada día vemos con mas fuerza la evidencia de la mentira y el falso triunfalismo de un Estado militarizado que no ha podido ganar una guerra desigual ni con todos los dolares, helicópteros y aviones bombarderos del mundo.

Falsas desmovilizaciones de guerrilleros y paramilitares, operaciones de rescate que en realidad son negociaciones (Operacion Jaque) y falsos positivos resultan ser los motivos de celebracion de los ricos y el mal gobierno. Que sigan así, ganando la guerra en las paginas de El Tiempo y los telediarios basura de Vicky y Claudia.

Secuestrados fueron liberados sin presión del ejército
Publicado: 08 Marzo 2011
COLPRENSA
BOGOTÁ, COLOMBIA


Roger Bertel, uno de los 23 secuestrados este lunes en el Vichada por las Farc, desmintió al Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, y al general Alejandro Navas, quienes afirmaron que la liberación de los plagiados se produjo por la presión del Ejército; el trabajador afirmó que los soldados encargados de la seguridad del grupo, en el ingreso de los guerrilleros al campamento, estaban distraídos jugando.

Bertel, quien en declaraciones a Caracol Radio dijo ser parte del grupo de plagiados, aclaró que el primer soldado lo vio a su regreso, que la guerrilla los retuvo con el fin de enviar un mensaje y que no los secuestraría porque su objetivo no era hacerlo con trabajadores rasos de la empresa petrolera.

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Edgar Cely, admitió que no hubo contacto entre las Farc y el Ejército pero sí un cerco militar para conseguir presionar su liberación; Cely considera que hay un rescate porque hubo una operación de “presión y bloqueo” y porque la "tropa que iba en la selva se encuentra al grupo, lo coge, por eso hay rescate".

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/secuestrados-fueron-liberados-sin-presion-del-ejercito-13385

"No hay caminos para la paz, la paz es el camino."

Video presentado por Colombianos y Colombianas por la paz en el encuentro "Haciendo la paz en Colombia"

De como la oligarquía colombiana siempre ha sido incapaz...

Las recientes revelaciones de los cables diplomáticos hechas por Wikileaks, y reveladas por el diaro El Espectador en Colombia, demuestran una vez más el carácter parasito, arrodillado e incapaz de la clase dirigente criolla.

Entre una serie de chismes políticos y de episodios de enfrentamientos entre personalidades reconocidas, se confirma una verdad que siempre ha sido un secreto a voces: en la lucha contra el pueblo y sus organizaciones, la oligarquia colombiana siempre ha recurrido a la ayuda de los Estados Unidos.

El siguiente articulo demuestra como los triunfos militares de los gobiernos de Uribe y Santos, que siempre han sido disfrazados de "talento nacional", en realidad han sido logrados gracias a la ayuda de los militares y la inteligencia gringa. Es triste, en realidad, ver como una élite de gobernantes de sauna de club es incapaz, no solo de gobernar, sino incluso de reprimir a su pueblo por sus propios medios... Ni eso son capaces de hacer bien.

Acciones conjuntas con EE.UU.
Tras los fallidos intentos por dialogar con las Farc, EE.UU. se comprometió a ayudar con helicópteros, inteligencia y estrategia. Así cambió el rumbo de la guerra.

Corría el mes de enero de 2006. Era una época de activa política electoral. La Embajada de Estados Unidos en Colombia dio cuenta de ese tenso momento, que además se vio alterado por acusaciones que hizo el gobierno Uribe contra el dirigente Liberal, Rafael Pardo, por supuestos vínculos ilegales con las Farc. Un caso que fue llevado a la Fiscalía pero que, finalmente, obligó al jefe de Estado a pedir disculpas y retirar las denuncias contra el dirigente político. La crónica de este hecho quedó registrada en un cable diplomático.

En el reporte a Washington, fechado el 23 de enero, el entonces embajador William Wood escribió que el líder político del Partido de la U, Juan Manuel Santos, había acusado a Rafael Pardo de posibles vínculos con las Farc para ir en contra del presidente Uribe. El entonces comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, reconoció que esas pruebas no parecían muy concretas, pero que de todos modos el Fiscal se había mostrado interesado en estudiarlas. Según el cable, Pardo respondió de inmediato que era un juego sucio de Uribe.

El informe especifica que la información que había recibido Santos era que Pardo quería aliarse con las Farc para asegurar la derrota de Uribe en las elecciones. Una circunstancia que motivó un comentario del entonces asesor de la Casa de Nariño, Jaime Bermúdez, citado en el cable, según el cual estaban cansados de que Pardo atacara el proceso de Justicia y Paz y que ahora que se tenía información contra el dirigente liberal, había llegado el momento de que el público escuchara a ambos lados.

En el recuento del suceso, que causó conmoción en la política colombiana, el cable añadió que el entonces comisionado Restrepo manifestó que las pruebas contra Pardo se basaban en un familiar no identificado de una persona que había estado secuestrada y en un interlocutor no identificado de las Farc. Y se hizo énfasis en que las dos identidades se mantenían en reserva por razones de seguridad. Supuestamente, añadió el cable, los testimonios estaban consignados en un cd enviado por Pardo a las Farc para concretar una reunión.

Como se vino a constatar después, todo resultó un fiasco. En el cable alcanzó a resumirse que Restrepo nunca había visto el supuesto cd y que, en cambio, algunos dirigentes políticos habían acusado a Uribe de atentar contra la democracia acusando equivocadamente a Rafael Pardo. Por eso, el cable concluye reconociendo que Uribe tuvo que pedirle disculpas a Pardo, retirando además las denuncias. Y se añadió que Pardo aceptó las disculpas, pero que no quiso reunirse con el presidente Uribe para hablar del tema.

En términos generales, el primer semestre del año 2006, además del tema electoral y la galopante crisis del proceso de paz con las autodefensas, se vio modificado por la expectativa de eventuales diálogos con las Farc, en medio de la ofensiva militar del llamado Plan Patriota. Precisamente, respecto a este último asunto, el 5 de junio de 2006 la Embajada de Estados Unidos envió un cable diplomático para documentar los últimos sucesos de la guerra e insistir en el éxito de las operaciones conjuntas en materia de inteligencia.

En ese sentido, el cable precisó que entre septiembre de 2005 y abril de 2006 el gobierno colombiano, a través de sus Fuerzas Militares, había logrado la baja de 29 guerrilleros de nivel medio de las Farc y el Eln. Esas operaciones, añadió el reporte, estuvieron concentradas en comandantes de frentes, jefes de finanzas y expertos en explosivos, y fueron posibles gracias a una asistencia en materia de inteligencia norteamericana. El documento calificó las acciones como operaciones tácticas que fueron vitales para las tropas colombianas.

Y quedó reseñado que de las 29 operaciones que se llevaron a cabo exitosamente, el 30% las hizo el gobierno colombiano de manera independiente y el 70% restante se concretó con asistencia de Estados Unidos en materia de inteligencia. Estas acciones, 18 contra las Farc y 11 contra el Eln, además de permitir la captura de guerrilleros que se definieron como importantes para futuras operaciones, llevaron a la Embajada a reconocer que mientras Estados Unidos presionaba, el Ministerio de Defensa apoyaba el trabajo guiado de inteligencia.

Al tiempo que arreciaban los combates contra las Farc, la opinión pública debatía sobre eventuales diálogos. Por eso, a mediados de 2006, la Embajada de Estados Unidos envió un cable diplomático documentando los términos de un encuentro con varios dirigentes de la izquierda colombiana, con peculiares puntos de vista. Como los comentarios de un excomisionado de Paz, en el sentido de que la guerrilla ya había pasado de una plataforma estalinista a una social democrática. Otros insistieron en que el reclamo de las Farc estaba basado en reformas políticas, programas sociales y tierras.

En medio de las especulaciones se escucharon las apreciaciones de un exguerrillero identificado con el alias de Nicolás, quien a diferencia de sus interlocutores, según el cable, recomendó presión militar para mostrarles a las Farc que no había posibilidad de que llegaran al poder con acciones de confrontación. Pero que igualmente era necesario combinar la presión militar con iniciativas sociales, económicas y políticas, como un incentivo para una eventual negociación con el gobierno.

El exguerrillero Nicolás, como adelantándose a los acontecimientos, añadió en sus intervenciones, y así quedó consignado en el cable diplomático, que con el Mono Jojoy o Alfonso Cano era difícil llegar a una negociación de paz. Con el primero porque era tan pragmático que no creía en la negociación; y con Cano, porque nunca llegaría a los diálogos por la razón opuesta, por su condición demasiado política. En medio de los dos, el exguerrillero aconsejó capturar o dar de baja a Cano y al Mono Jojoy, para que Iván Márquez tomara las riendas y negociara la paz.

Ya concluyendo el año, cuando era claro que las Farc no iban a negociar con el gobierno, la Embajada de Estados Unidos en Colombia consigna en un cable diplomático los términos de un encuentro con el entonces comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, general Alejandro Navas —hoy comandante de las Fuerzas Militares—, donde el gobierno norteamericano se compromete a apoyar la estrategia, sobre todo en términos de inteligencia, helicópteros y comunicaciones, y se resume lo que entonces se puso en práctica y cambió el rumbo de la guerra.

El general Navas explicó cuál era la nueva estrategia, acordada con el presidente Uribe: diseminar batallones para abarcar una mayor área de operaciones, y crear nuevas compañías dedicadas a dar de baja a líderes específicos de las Farc. Ocho brigadas formando compañías relativamente pequeñas, con mucha movilidad y claros términos de seguridad, con un objetivo preciso: atacar a los principales líderes. El tiempo terminaría probando que ese fue el principio de las acciones que hoy tienen como blanco a los jefes del Secretariado.

Del Frente de Guerra Visual

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"Ni Olvido, Ni Perdón: Memoria, Reivindicación y Venganza"