No nos sorprende encontrar en un escondido aparte de la web del diario El Tiempo un camuflado titular que reconoce las violaciones de derechos humanos, por parte del gobierno de Alvaro Uribe y sus mercenarios paramilitares, contra los trabajadores sindicalizados. Hay cosas que ni los medios al servicio del gobierno pueden esconder; en este caso la ONG mas reconocida en materia de DDHH, Amnesty International denuncia directamante al gobierno mafioso de Colombia por crimenes impunes contra sindicalistas.
A continuacion el articulo sacado de
http://www.eltiempo.com/:
Julio 3 de 2007
Gobierno colombiano había aceptado aumento en muertes de sindicalistas, dice Amnistía Internacional
La organización pidió poner fin a la impunidad al cuestionar que no haya ni un solo responsable de los crímenes, cuando 60 de cada 100 sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos.
El pronunciamiento fue hecho Peter Drury, autor del informe de AI sobre sindicalismo colombiano, como respuesta al ministro del Interior, Carlos Holguín, quien se pronunció en contra de la investigación.
Se trata del documento 'Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia', que denuncia más de 2.000 homicidios, 3.400 amenazas y 138 desapariciones forzadas de sindicalistas entre 1991 y 2006. El estudio se conoció en Colombia la víspera de la presentación oficial.
"Nos sorprende que el gobierno colombiano diga que las cifras de nuestra investigación sobre el sindicalismo son falsas, cuando él mismo había aceptado que las muertes de los sindicalistas van en aumento", dijo Drury en Madrid.
El ministro del interior, Carlos Holguín rechazó el informe de Amnistía Internacional y anunció que esta tarde se realizará una reunión en todas las entidades de protección de sindicalista para dar una respuesta firme, pues el ministro califica como "sesgado" este informe y todo lo que venga de Amnistía Internacional.
"Amnistía no reconoce nada de lo bueno ellos simplemente señalan lo malo y tratándose de Colombia esa es su tradición", comentó el ministro Holguín, al agregar que Colombia invierte 76 mil millones en la protección de personas, de los cuales 26 mil millones son destinados a la protección de sindicalistas.
Señaló que hay 1800 sindicalistas en un programa de protección del gobierno de los cuales solo ha muerto uno, una vez renuncio a la protección del estado.
Dijo que por primera vez en mucho tiempo la Fiscalía ha proferido 35 sentencias definitivas, condenando 39 autores de crímenes de sindicalistas.
Concluyó diciendo que se van a contrastar las cifras de Amnistía Internacional y que los casos que ellos manejan de muertes de sindicalistas ocurrieron en casos ajenos a funciones sindicales como la muerte de un funcionario del Inpec aparentemente por diferencias con un interno y otro que murió en enfrentamiento con el Ejército en combates con las Farc.
El ministro Holguín había señalado al conocer el informe que "en los últimos 4 años ha habido una reducción sustancial de los asesinatos y atentados contra sindicalistas".
"Le aconsejo al gobierno revisar las estadísticas y tomar medidas contundentes", expresó Drury, autor del informe. "De cualquier modo, desde 1990 las cifras han bajado algunas veces y han vuelto a subir luego, lo que no demuestra que la situación global sea mejor".
Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional, lanzó también una pregunta al gobierno de Uribe: "¿Cómo es posible que el 60 por ciento de los sindicalistas que mueren en todo el mundo sea de Colombia?".
Javier Orozco, sindicalista colombiano y secretario de asuntos internacionales de Sintraindecorder-CUT, señaló que el gobierno manipula las cifras. De acuerdo con su explicación, en varias ocasiones se han hecho pasar por insurgentes a dirigentes sindicalistas que han sido asesinados por el Ejército.
Acusados del informe
Una de las acusaciones más contundentes de la investigación relaciona a las Fuerzas Armadas con los homicidios de sindicalistas. "En septiembre de 2006 el sindicalista Alejandro Uribe fue asesinado por el Batallón Nueva Granada", afirmó Drury para ilustrar su aseveración.
También acusó a los paramilitares, "que siguen actuando a pesar de su desmovilización". Aseguró que ella "ha sido y es una farsa". Dijo que las fuerzas públicas y los paramilitares actúan de manera "coordinada para acabar con el sindicalismo". No negó, además, que la guerrilla sea responsable de algunas muertes, aunque en menor proporción.
En el lanzamiento oficial de la investigación, que tuvo lugar en la sede de Amnistía Internacional en Madrid, Drury se refirió, de otra parte, a las empresas nacionales e internacionales, que se benefician de "los abusos de los derechos humanos de los sindicalistas colombianos". Al respecto, Beltrán cree que las empresas deben pedir que se destapen los abusos.
Otra de las acusaciones de Drury se relaciona con la actitud del gobierno. "No basta que proporcione un esquema de seguridad a las personas en riesgo", dijo. "La crisis continúa porque la impunidad es casi total".
"En veinte años de represión hay cero responsables", agregó Beltrán. "No puede haber una impunidad prácticamente total, que pase todo y nadie pague por ello".
El informe contiene numerosos casos de abusos, homicidios y acusaciones falsas a sindicalistas, con nombres propios, lugares y fechas, en los sectores de la salud, educación, alimentación, servicios públicos, agricultura, minería, petróleo y gas.
Piden medidas contra la impunidad
"Desde España le pedimos a este gobierno que no siga unido al colombiano, de manera que parezca que no sucede nada", dijo Beltrán. "Hasta el de los Estados Unidos se ha distanciado por esta farsa", añadió.
Aministía Internacional se reunirá con los dirigentes de empresas de varios países con intereses en Colombia, según anunció Beltrán. Les comunicará su preocupación y les pedirá que promuevan investigaciones que den luces sobre el problema del sindicalismo colombiano. "El mundo no puede hacer oídos sordos a lo que sucede en Colombia", declaró.
Juanita Samper OspinaCorresponsal en España
I/R/A
Nos sentimos obligados a recordar, tristermente, este hacho atróz ocurrido hace ya 10 años, del 15 al 20 de julio del año 1997. Mapiripán era un pequeño municipio tranquilo del departamento del Meta, al sur del País. El contexto venía siendo la preparación de una operación a grán escala por parte de los grupos paramilitares del norte del país contra todos los simpatizantes, colaboradores o infiltrados de la insurgencia en el sur de Colombia. Salvatore Mancuso, en ese entonces lacayo de Carlos castaño, jefe maximo de las AUC, tenía la tarea de armar un contingente paramilitar, dotado de fusiles AK-47, que debería coordinar acciones terrestres y aereas con el batallon Joaquín París bajo el mando del coronel Lino Sánchez y el jefe paramilitar local "Rene" (Luis Hernando Méndez Bedoya).