Con felicidad recibimos esta noticia, que nos da esperanza frente a la posibilidad de que el mundo se entere de la grave situación de Derechos Humanos que vivimos en Colombia. Para los uribestias resentidos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no será más que otra organización "amiga del terrorismo", pero lo cierto es que gracias a esta respetada institución, casos como el exterminio de la Unión Patriótica han resonado alrededor del mundo, develando la verdadera cara ilegitima y criminal del Estado colombiano.
Hoy les agradecemos el valor que requiere emitir un informe como este, que contradice las declaraciones mentirosas de los tours diplomáticos del mal gobierno de Santos, y cuestiona la complicidad que los países poderosos (USA, España, Alemania, etc.) ofrecen a la fachada construida en honor a los intereses comerciales.
El fin del conflícto, la reconciliación y posterior progreso de un país no puede estar basado en mentiras construidas por una élite hambrienta de dolares. En Colombia estamos en guerra, y el Estado es el principal victimario.
Para que se enteren en todo el mundo que en Colombia no todo el mundo es un Santo.
CIDH volvió a incluir a Colombia en lista negra por Derechos Humanos
El país fue incluido entre los que fueron motivo de atención especial por su delicada situación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a incluir a Colombia en su "lista negra" de países que fueron motivo de atención especial por la delicada situación de los DD.HH. durante el año 2010.
Colombia está mencionada en el llamado "Capítulo Cuarto" del informe anual de esta institución junto a Venezuela, Cuba y Honduras.
En este capítulo se hace una exhaustiva revisión de los países que fueron motivo de preocupación por parte de la CIDH.
En el informe sobre Colombia, que tiene 89 páginas, la CIDH reconoce los esfuerzos realizados por el Estado y dice ser consciente de la "compleja situación que enfrenta Colombia tras cinco décadas de violencia" y el impacto en ello del negocio del narcotráfico.
Dicho eso, la CIDH expresa su preocupación por las continuas denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado, la lentitud en el procesamiento de los casos, la violencia de las Bandas Criminales (Bacrim), el desplazamiento forzoso, el curso de las investigaciones por el caso del DAS y los ataques a defensores de Derechos Humanos, entre muchos otros.
Según la CIDH, el Estado reconoció que en 2010 se recibieron noticias de 5 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a agentes del gobierno. Para el órgano hemisférico, sin embargo, una de las preocupaciones centrales es la escasez de condenas en estos casos.
"A la fecha se encuentran activos 1.244 casos de ejecuciones extrajudiciales ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación y se habrían dictado 40 sentencias condenatorias contra 194 personas, doce de las cuales fueron por aceptación de cargos a través de la figura de sentencia anticipada.
Así mismo, se han proferido 10 sentencias absolutorias que han beneficiado a 33 personas. La CIDH considera necesario reiterar la importancia de adelantar las investigaciones con celeridad y de que se tomen acciones para impedir hostigamientos y atentados contra la vida de los familiares de las víctimas que han denunciado estos hechos", dice el informe.
También menciona que siguen presentándose conflictos entre la justicia militar y la justicia civil. El reporta cita que en 2010 se remitieron voluntariamente 299 casos a la justicia civil pero que frente a otros 200 existen conflictos de competencia.
Asimismo, la Comisión "manifiesta su grave preocupación por los actos de hostigamiento y atentados contra la vida de los familiares de las víctimas que han denunciado estos hechos" y dice que, tras cinco años de promulga la Ley de Justicia y Paz para el desmonte de grupos paramilitares "únicamente se han proferido dos condenas que aún no se encuentran en firme".
Sobre las Bacrim, la Comisión observa que continúan presentándose masacres, secuestros, desapariciones, homicidios, amenazas y extorsiones en contra de la población por parte de estos grupos que actúan de modo parecido a las antiguas organizaciones paramilitares , y le reitera al gobierno la necesidad de implemente mecanismos efectivos destinados a garantizar la desarticulación de las estructuras de las Auc.
En otro aparte, la CIDH renueva su preocupación por el impacto que siguen teniendo las extradiciones de los líderes paramilitares a Estados Unidos tanto en el desarrollo de la Ley de Justica y Paz como en el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Y añade que los mecanismos de cooperación entre los Gobiernos de Colombia y E.U. para garantizar que no exista impunidad "aún no han producido resultados".
Sobre el DAS, la CIDH expresa su malestar por el hecho de que algunos de los investigados estén recurriendo a figuras como el asilo político ante inminentes actos de imputación de cargos y menciona el caso de las ex directora María del Pilar del Hurtado quien se encuentra en Panamá en calidad de asilada política desde el 19 de noviembre de 2010. En este mismo sentido, manifiesta su preocupación por que la nueva agencia civil de inteligencia -según se desprende por lo informado por el Estado- mantendría las mismas funciones que el actual DAS.
Para ver las conclusiones y recomendaciones del reporte, click aquí.
Tomado de Eltiempo.com
Hoy les agradecemos el valor que requiere emitir un informe como este, que contradice las declaraciones mentirosas de los tours diplomáticos del mal gobierno de Santos, y cuestiona la complicidad que los países poderosos (USA, España, Alemania, etc.) ofrecen a la fachada construida en honor a los intereses comerciales.
El fin del conflícto, la reconciliación y posterior progreso de un país no puede estar basado en mentiras construidas por una élite hambrienta de dolares. En Colombia estamos en guerra, y el Estado es el principal victimario.
Para que se enteren en todo el mundo que en Colombia no todo el mundo es un Santo.
CIDH volvió a incluir a Colombia en lista negra por Derechos Humanos
El país fue incluido entre los que fueron motivo de atención especial por su delicada situación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a incluir a Colombia en su "lista negra" de países que fueron motivo de atención especial por la delicada situación de los DD.HH. durante el año 2010.
Colombia está mencionada en el llamado "Capítulo Cuarto" del informe anual de esta institución junto a Venezuela, Cuba y Honduras.
En este capítulo se hace una exhaustiva revisión de los países que fueron motivo de preocupación por parte de la CIDH.
En el informe sobre Colombia, que tiene 89 páginas, la CIDH reconoce los esfuerzos realizados por el Estado y dice ser consciente de la "compleja situación que enfrenta Colombia tras cinco décadas de violencia" y el impacto en ello del negocio del narcotráfico.
Dicho eso, la CIDH expresa su preocupación por las continuas denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado, la lentitud en el procesamiento de los casos, la violencia de las Bandas Criminales (Bacrim), el desplazamiento forzoso, el curso de las investigaciones por el caso del DAS y los ataques a defensores de Derechos Humanos, entre muchos otros.
Según la CIDH, el Estado reconoció que en 2010 se recibieron noticias de 5 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a agentes del gobierno. Para el órgano hemisférico, sin embargo, una de las preocupaciones centrales es la escasez de condenas en estos casos.
"A la fecha se encuentran activos 1.244 casos de ejecuciones extrajudiciales ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación y se habrían dictado 40 sentencias condenatorias contra 194 personas, doce de las cuales fueron por aceptación de cargos a través de la figura de sentencia anticipada.
Así mismo, se han proferido 10 sentencias absolutorias que han beneficiado a 33 personas. La CIDH considera necesario reiterar la importancia de adelantar las investigaciones con celeridad y de que se tomen acciones para impedir hostigamientos y atentados contra la vida de los familiares de las víctimas que han denunciado estos hechos", dice el informe.
También menciona que siguen presentándose conflictos entre la justicia militar y la justicia civil. El reporta cita que en 2010 se remitieron voluntariamente 299 casos a la justicia civil pero que frente a otros 200 existen conflictos de competencia.
Asimismo, la Comisión "manifiesta su grave preocupación por los actos de hostigamiento y atentados contra la vida de los familiares de las víctimas que han denunciado estos hechos" y dice que, tras cinco años de promulga la Ley de Justicia y Paz para el desmonte de grupos paramilitares "únicamente se han proferido dos condenas que aún no se encuentran en firme".
Sobre las Bacrim, la Comisión observa que continúan presentándose masacres, secuestros, desapariciones, homicidios, amenazas y extorsiones en contra de la población por parte de estos grupos que actúan de modo parecido a las antiguas organizaciones paramilitares , y le reitera al gobierno la necesidad de implemente mecanismos efectivos destinados a garantizar la desarticulación de las estructuras de las Auc.
En otro aparte, la CIDH renueva su preocupación por el impacto que siguen teniendo las extradiciones de los líderes paramilitares a Estados Unidos tanto en el desarrollo de la Ley de Justica y Paz como en el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Y añade que los mecanismos de cooperación entre los Gobiernos de Colombia y E.U. para garantizar que no exista impunidad "aún no han producido resultados".
Sobre el DAS, la CIDH expresa su malestar por el hecho de que algunos de los investigados estén recurriendo a figuras como el asilo político ante inminentes actos de imputación de cargos y menciona el caso de las ex directora María del Pilar del Hurtado quien se encuentra en Panamá en calidad de asilada política desde el 19 de noviembre de 2010. En este mismo sentido, manifiesta su preocupación por que la nueva agencia civil de inteligencia -según se desprende por lo informado por el Estado- mantendría las mismas funciones que el actual DAS.
Para ver las conclusiones y recomendaciones del reporte, click aquí.
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