Estos horribles hechos comenzaron a presentarse cuando el Presidente de la Unidad Nacional, Juan Manuel Santos era Ministro de Defensa... Y hoy vienen a decir que el "Coca" Naranjo es el mejor policia del mundo, cuando sus tropas planean falsos positivos por todo el país.
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lunes, 18 de octubre de 2010
viernes, 12 de febrero de 2010
Las medidas de la emergencia social atentan contra el derecho a la salud
Ante la importancia de las reformas al POS nos vemos obligados a volver a la noticia. El siguiente texto es un análisis muy pertinente hecho por la CUT.
La Central Unitaria de Trabajadores denuncia ante la opinión pública que la llamada emergencia social decretada por el Presidente Uribe y el paquete de medidas que la desarrollan, constituyen un engaño al país, una manipulación de los principios y normas constitucionales y un ataque al derecho a la salud de la población.
La declaratoria de la emergencia, que fue presentada como una necesidad frente al riesgo inminente de una perturbación del orden institucional, al amparo del artículo 215 de la Carta Política, tenía como propósito fundamental atender las presiones de los empresarios que controlan las EPS, quienes exigieron mayores recursos para resolver problemas de liquidez generados, entre otras causas, por los altos costos de la intermediación privada, la corrupción, el manejo irresponsable del flujo de recursos por parte del Gobierno Nacional y el sistemático recorte de las transferencias de la Nación a las entidades territoriales mediante reformas constitucionales.
La emergencia no era para salvar los hospitales públicos; al contrario, fueron sometidos al cierre, la privatización y la intermediación; tampoco la hubo para superar las barreras de acceso al derecho, como lo exigieron en 2007 la Procuraduría General de la Nación y en 2008 la Corte Constitucional con su sentencia T -760, que impartió más de 30 órdenes para garantizar la efectividad del derecho a la salud.
La sabiduría popular dice: "lo que mal nace, mal acaba", y esto es precisamente lo que sucede hoy en torno a la Ley 100 de 1993, la cual fue diseñada no para cumplir un servicio social fundamental, como lo es la salud, sino para privatizar y hacer de esto un negocio lucrativo y próspero para unos cuantos, en detrimento del bienestar de millones de colombianos.
Las siguientes son algunas consideraciones generales sobre los decretos de la Emergencia Social:
El flujo y el control de los recursos. Es deplorable que después de 16 años de entrada en vigencia de la Ley 100 (1993) el Gobierno Nacional no haya podido garantizar la claridad y la transparencia en el manejo de los recursos y tenga que recurrir a una declaratoria de emergencia para abordar el problema. Hoy ha quedado claro que las leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y tantos decretos reglamentarios, no han hecho otra cosa que perpetuar el caos y lo mismo ocurrirá con estos decretos que dejan intactos los problemas inherentes al modelo como la privatización y la renuencia a garantizar una financiación estatal.
La reforma tributaria. Hoy el gobierno reconoce que las medidas adoptadas son las mismas que no logró hacer aprobar en el Congreso de la República hace un año y que difícilmente podrían aprobarse en esta época preelectoral. El recaudo previsto, de 1,3 billones de pesos en dos años, a cargo de los consumidores, está muy lejos de subsanar el despojo que la Nación hizo a las entidades territoriales para salud y educación en los Actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. Estos Actos Legislativos arrebataron al sector salud más de 2 billones de pesos cada año. Con la reforma tributaria la responsabilidad financiera se traslada una vez más a los entes territoriales y el costo a los consumidores en un contexto de desempleo, informalidad y pobreza. Es una reforma profundamente regresiva.
A cada cual según su capacidad… de pago. Este es el principio que anima el paquete legislativo. Lo que prima no es la salud como un derecho fundamental sino la sostenibilidad financiera del sistema, más aún, la capacidad de pago del paciente. No hay derecho a la atención si se agotan los recursos del Fonpres, cuyo nombre, Fondo de Prestaciones Excepcionales, sugiere claramente lo difícil que será acceder a la atención. La exigencia de chequera, tarjeta de crédito, carné de la Caja de Compensación o extractos de los Fondos de cesantías y pensiones, significa excluir de plano al 80% de la población.
La eliminación del POS. Lejos de garantizar la unificación de los planes obligatorios de salud de los regímenes contributivo y subsidiado como ordenó la Corte Constitucional, lo que hacen los decretos es eliminar los planes, convirtiendo el No-POS en un plan excepcional y el POS en un plan que se reduce a medicina y odontología general, y al tratamiento de procedimientos de baja complejidad. Así, bajo la concepción de la salud como mercancía, al tiempo que se reduce el derecho, se fortalecen los planes complementarios para estimular el negocio. Los médicos y los jueces, entretanto, quedarán constreñidos a los estándares mínimos que impondrá la nueva burocracia de los tantos comités que se crean en el paquete legislativo, los hospitales sometidos a la externalización de servicios y los trabajadores de la salud a la intermediación laboral.
¿En qué quedan los principios constitucionales de la seguridad social como un “derecho irrenunciable” y la prohibición de “desmejorar los derechos sociales de los trabajadores” mediante los decretos emanados de la emergencia social? (Artículos 48, 49 y 215 de la C.P.N.) ¿En qué quedan la salud como un “derecho fundamental” y la orden de garantizar la atención “requerida por el paciente”? (Corte Constitucional sentencia T-760).
La crisis del sector salud no se resuelve con medidas parciales y menos con un paquete legislativo que establece nuevas barreras de acceso, lo que el país requiere es un nuevo modelo de seguridad social que garantice efectivamente la salud como un derecho fundamental.
Demandamos del Congreso de la República ejercer el control político y su facultad legislativa, usurpada por el ejecutivo; rechazar por inconvenientes y regresivos las medidas adoptadas; apelamos a la Honorable Corte Constitucional para que declare la inexequibilidad de lo actuado y llamamos a las organizaciones sociales y a la opinión pública a acompañar las tareas de movilización y denuncia contra la emergencia social y su paquete legislativo, partiendo en la JORNADA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN.
RAFAEL ALBERTO MOLANO
Presidente (e)
DOMINGO TOVAR ARRIETA
Secretario General
WITNEY CHAVEZ SANCHEZ
Director Dpto de Seguridad Social
miércoles, 4 de marzo de 2009
Todos a marchar por nuestros compañeros que ya no están.
Este 6 de Marzo de nuevo celebramos un día en defensa de los derechos humanos, derechos que el Estado fascista nos está arrancando a empellones. Es por esto que llamamos a tod@s y cada un@ a que colmemos las plazas y las calles, para de esta manera demostrar que la lucha por una Colombia con paz y justicia social es posible. Que es posible soñar con hombres y mujeres libres, que una vez rotas cada una de sus cadenas empezarán a caminar por la larga trocha construida en comunidad.
MOVIMIENTO I.R.A.
martes, 4 de noviembre de 2008
Se le dijo...
Cada día, cada noticiero, cada emisión de radio, cada ojeada a un periódico, cada tarde, cada que hablo con un familiar o amigo uribista, cada noche, todo el tiempo, me pueden las ganas de gritarles con toda mi fuerza: LES ESTAN VIENDO LA CARA?!?!
Ya se han visto empujados a aceptar unas cuantas verdades los mentirosos que habitan la Casa de Nariño. Lo de los falsos positivos resultó ser verdad, ¿no? Lo de los policías que les disparaban a los indígenas también, ¿no? Lo de la persecución del CTI a la oposición democrática igual…En fin, tras largas horas de cinta transmitidas por todos lados en que el presidente Uribe salía negando, y negando, y negando, y desmintiendo, y negando, y negando, y desviando el tema, y negando, y negando, todo resultó ser verdad, ¿no?
Señor ciudadano: ¡le estaban viendo la cara de idiota! ¡Le mintieron una y otra vez! ¡Se aprovecharon de su buena fe! ¿Y a usted no se le da nada? Pues así le importen tres pepinos los indiecitos que matan en el Cauca, o los quinientos y pucho de jóvenes pobres que desaparecieron, ¿no siente un poco “vulnerado” su orgullo? Es que es cuestión de dignidad, ¡que uno no se debería aguantar que le digan mentiras a toda hora y por todos lados!
Últimamente pienso que la obstinación de los partidarios del gobierno paramilitar se debe, mas que a un compromiso civil, a un orgullo personal que se desinflaría un poco en el momento en que digan: “Mierda, ya no me gustó este gobierno…” y llegue el primo mamón que estudia en una universidad publica y que es el “tirapiedras” de cada almuerzo familiar y diga “Ja! ¡Se lo dije! ¡Ese Uribe es un paraco y usted no me quería creer! Yo creo que ese es el principal motivo por el que el uribismo se mantiene en las encuestas, por que ya nadie puede decir que vivió engañado a partir de hoy…
Pero ahí es donde se demuestra la madurez política de un pueblo. ¿Se debe mantener una posición absurda que sostiene un régimen de muerte, de falsos positivos, de persecución, de violaciones de derechos humanos por no ceder y “perder una” contra el primo mamón?
Es hora de afrontar la verdad. Y no se trata de izquierdas y derechas. Ni de ser un chavista pro-Ecuador o la vanguardia del “obdulismo”. Es simple pragmatismo, realismo, si se quiere. Y ya que el terco ciudadano que sigue diciendo que es uribista está contra la pared, pues es buen momento para que nosotros, los que les venimos advirtiendo desde hace tiempo de la porquería que hay debajo de las cifras, metamos la cucharada de nuevo, con un poco mas de credibilidad, si nos permiten.
Yo no quedo contento con que cambien al General del ejercito o destituyan unos cuantos oficiales. Son mandos medios. Son reemplazables. Lo que esta podrido es la estructura del gobierno, comenzando por su cabeza. El proyecto político de la Seguridad Democrática obedece a un proyecto de construcción nacional estructurado alrededor del gamonalismo, de la gran propiedad. Uribe representa al hacendado terrateniente de las elites tradicionales que defiende su cerca de miles de hectáreas de la invasión de la plebe. El desplazamiento hacia las ciudades y la concentración de la tierra así lo prueban.
Ya se han visto empujados a aceptar unas cuantas verdades los mentirosos que habitan la Casa de Nariño. Lo de los falsos positivos resultó ser verdad, ¿no? Lo de los policías que les disparaban a los indígenas también, ¿no? Lo de la persecución del CTI a la oposición democrática igual…En fin, tras largas horas de cinta transmitidas por todos lados en que el presidente Uribe salía negando, y negando, y negando, y desmintiendo, y negando, y negando, y desviando el tema, y negando, y negando, todo resultó ser verdad, ¿no?
Señor ciudadano: ¡le estaban viendo la cara de idiota! ¡Le mintieron una y otra vez! ¡Se aprovecharon de su buena fe! ¿Y a usted no se le da nada? Pues así le importen tres pepinos los indiecitos que matan en el Cauca, o los quinientos y pucho de jóvenes pobres que desaparecieron, ¿no siente un poco “vulnerado” su orgullo? Es que es cuestión de dignidad, ¡que uno no se debería aguantar que le digan mentiras a toda hora y por todos lados!
Últimamente pienso que la obstinación de los partidarios del gobierno paramilitar se debe, mas que a un compromiso civil, a un orgullo personal que se desinflaría un poco en el momento en que digan: “Mierda, ya no me gustó este gobierno…” y llegue el primo mamón que estudia en una universidad publica y que es el “tirapiedras” de cada almuerzo familiar y diga “Ja! ¡Se lo dije! ¡Ese Uribe es un paraco y usted no me quería creer! Yo creo que ese es el principal motivo por el que el uribismo se mantiene en las encuestas, por que ya nadie puede decir que vivió engañado a partir de hoy…
Pero ahí es donde se demuestra la madurez política de un pueblo. ¿Se debe mantener una posición absurda que sostiene un régimen de muerte, de falsos positivos, de persecución, de violaciones de derechos humanos por no ceder y “perder una” contra el primo mamón?
Es hora de afrontar la verdad. Y no se trata de izquierdas y derechas. Ni de ser un chavista pro-Ecuador o la vanguardia del “obdulismo”. Es simple pragmatismo, realismo, si se quiere. Y ya que el terco ciudadano que sigue diciendo que es uribista está contra la pared, pues es buen momento para que nosotros, los que les venimos advirtiendo desde hace tiempo de la porquería que hay debajo de las cifras, metamos la cucharada de nuevo, con un poco mas de credibilidad, si nos permiten.
Yo no quedo contento con que cambien al General del ejercito o destituyan unos cuantos oficiales. Son mandos medios. Son reemplazables. Lo que esta podrido es la estructura del gobierno, comenzando por su cabeza. El proyecto político de la Seguridad Democrática obedece a un proyecto de construcción nacional estructurado alrededor del gamonalismo, de la gran propiedad. Uribe representa al hacendado terrateniente de las elites tradicionales que defiende su cerca de miles de hectáreas de la invasión de la plebe. El desplazamiento hacia las ciudades y la concentración de la tierra así lo prueban.
Porque puede que el DANE diga que Colombia es una potencia en crecimiento económico pero, siendo francos, ¿a usted le pesa mas el bolsillo hoy que hace 6 años? Así que piénselo bien: usted, desde su humilde posición de uribista convencido está defendiendo todo un proyecto regresivo de construcción nacional. Esta defendiendo el proyecto terrateniente. La concentración de la tierra y la riqueza en pocas manos. Esta haciendo parte de una gran masa maleable que defiende intereses ajenos. Usted es una victima de las estrategias mediáticas que ejercen un poder narcótico sobre la psicología colectiva de todo un pueblo… Y mientras tanto ellos están felices… bueno, igual que usted.
Camilo, Mov. IRA
Se vino la noche
La política de seguridad democrática ha recibido un golpe que puede ser mortal: la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras su visita de ocho días a Colombia, emitió un informe en el que, según medios internacionales, "denuncia que existen indicios que demuestran la 'práctica sistemática' de ejecuciones extrajudiciales en este país latinoamericano por parte de las fuerzas de seguridad".
El reporte no podría ser peor. Primero por lo que sugiere: la que se invocaba como la más ejemplar de las políticas de seguridad del continente queda ahora señalada: algunos de sus resultados podrían estar apoyados en la comisión sistemática de delitos de lesa humanidad. Y, segundo, por quien lo sugiere: una ex jueza de la Corte Penal Internacional y del Tribunal para Ruanda y que lleva pocas semanas posesionada como Alta Comisionada.
El Gobierno no puede decir que no estaba enterado de la situación. Desde el 2004, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha venido insistiéndole al Gobierno sobre el problema. Y no solo Naciones Unidas. El 21 de noviembre del 2007, el Procurador General de la Nación le envió al Ministro de la Defensa una comunicación en la que le informa de los procesos disciplinarios que se estaban adelantando por la presunta comisión de "graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario: homicidio en persona protegida" (que es como en realidad se deben llamar las ejecuciones extrajudiciales).
En la relación, el Procurador presenta 887 casos ocurridos entre el 2002 y el 2007. La evolución de las cifras revela bien la complejidad del fenómeno. En el 2002 se reportaron 10 casos, en el 2003 la cifra subió a 38; en el 2004 el fenómeno se multiplicó por 3 al reportarse 113 casos, en el 2005 se asciende a 200; en el 2006 las ejecuciones alcanzan el tope de 274, y en el 2007 se llevaban reportados 252 casos. Y eso sin considerar las investigaciones que, por la misma razón, se pudieran estar llevando a cabo en la Fiscalía o que estuvieran a cargo de la Justicia Penal Militar. Todavía está por establecer la magnitud del fenómeno.
El Gobierno no ha respondido a ninguno de los informes. Y frente a los requerimientos que cada vez se hacían sobre el tema, solo atinaba a responder que se trataba de montajes con los que "se hace un gran daño al país (...) y a la credibilidad de la fuerza pública". Lo grave es que ese ha sido el comportamiento recurrente de las autoridades desde cuando se exigió claridad sobre las miles de detenciones arbitrarias con las que se hicieron los primeros cuestionamientos a la política de seguridad democrática.
Una de las razones que se han esgrimido para explicar las ejecuciones ha sido la distorsión de la política de recompensas, en la que podemos convenir que se le había salido de las manos al Gobierno, hasta un punto tal, que el propio Ministerio de Defensa tuvo que expedir una directiva que regulara las condiciones para su entrega. "Se trataba de organizar una actividad que estaba muy informalizada", dijo el ex ministro Camilo Ospina para justificar la directiva.
Pero, más allá de las recompensas, lo que aquí hay es una ruptura del Estado de Derecho y un quiebre de la doctrina militar. La rentabilidad electoral de la seguridad democrática hizo que se confundieran los objetivos militares con los políticos, de manera que políticos y militares quedaron amarrados frente a cualquier cuestionamiento.
Si el Gobierno hubiera entendido que se trataba de llamados de atención con los que se buscaba atajar un problema que podría llegar a ser inmanejable, se habría evitado no solo la vergüenza de tener que aceptar que una parte del éxito de su principal política estaba construida sobre delitos, sino -por sobre todo- la pérdida de vidas de todavía no se sabe cuántos colombianos.
Qué paradoja. Los más importantes éxitos de la seguridad democrática han provenido de la combinación de la política de recompensas con la presión militar. También de esa combinación ha emergido el que sin duda será el más vergonzoso de todos los fracasos.
El reporte no podría ser peor. Primero por lo que sugiere: la que se invocaba como la más ejemplar de las políticas de seguridad del continente queda ahora señalada: algunos de sus resultados podrían estar apoyados en la comisión sistemática de delitos de lesa humanidad. Y, segundo, por quien lo sugiere: una ex jueza de la Corte Penal Internacional y del Tribunal para Ruanda y que lleva pocas semanas posesionada como Alta Comisionada.
El Gobierno no puede decir que no estaba enterado de la situación. Desde el 2004, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha venido insistiéndole al Gobierno sobre el problema. Y no solo Naciones Unidas. El 21 de noviembre del 2007, el Procurador General de la Nación le envió al Ministro de la Defensa una comunicación en la que le informa de los procesos disciplinarios que se estaban adelantando por la presunta comisión de "graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario: homicidio en persona protegida" (que es como en realidad se deben llamar las ejecuciones extrajudiciales).
En la relación, el Procurador presenta 887 casos ocurridos entre el 2002 y el 2007. La evolución de las cifras revela bien la complejidad del fenómeno. En el 2002 se reportaron 10 casos, en el 2003 la cifra subió a 38; en el 2004 el fenómeno se multiplicó por 3 al reportarse 113 casos, en el 2005 se asciende a 200; en el 2006 las ejecuciones alcanzan el tope de 274, y en el 2007 se llevaban reportados 252 casos. Y eso sin considerar las investigaciones que, por la misma razón, se pudieran estar llevando a cabo en la Fiscalía o que estuvieran a cargo de la Justicia Penal Militar. Todavía está por establecer la magnitud del fenómeno.
El Gobierno no ha respondido a ninguno de los informes. Y frente a los requerimientos que cada vez se hacían sobre el tema, solo atinaba a responder que se trataba de montajes con los que "se hace un gran daño al país (...) y a la credibilidad de la fuerza pública". Lo grave es que ese ha sido el comportamiento recurrente de las autoridades desde cuando se exigió claridad sobre las miles de detenciones arbitrarias con las que se hicieron los primeros cuestionamientos a la política de seguridad democrática.
Una de las razones que se han esgrimido para explicar las ejecuciones ha sido la distorsión de la política de recompensas, en la que podemos convenir que se le había salido de las manos al Gobierno, hasta un punto tal, que el propio Ministerio de Defensa tuvo que expedir una directiva que regulara las condiciones para su entrega. "Se trataba de organizar una actividad que estaba muy informalizada", dijo el ex ministro Camilo Ospina para justificar la directiva.
Pero, más allá de las recompensas, lo que aquí hay es una ruptura del Estado de Derecho y un quiebre de la doctrina militar. La rentabilidad electoral de la seguridad democrática hizo que se confundieran los objetivos militares con los políticos, de manera que políticos y militares quedaron amarrados frente a cualquier cuestionamiento.
Si el Gobierno hubiera entendido que se trataba de llamados de atención con los que se buscaba atajar un problema que podría llegar a ser inmanejable, se habría evitado no solo la vergüenza de tener que aceptar que una parte del éxito de su principal política estaba construida sobre delitos, sino -por sobre todo- la pérdida de vidas de todavía no se sabe cuántos colombianos.
Qué paradoja. Los más importantes éxitos de la seguridad democrática han provenido de la combinación de la política de recompensas con la presión militar. También de esa combinación ha emergido el que sin duda será el más vergonzoso de todos los fracasos.
Pedro Medellín Torres
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