Este es un llamado urgente a toda la población de jóvenes usuarios que hacemos uso de las “in-útiles” redes sociales. Por favor, no ayudemos a reproducir ese falaz imaginario social que nos muestra como un sector ingenuo e incauto políticamente.
La manipulación mediática de la cual está siendo víctima el último ejercicio democrático en nuestro país, y que al parecer va definir el nombre de nuestro próximo presidente, ha conducido a una confusión generalizada de conceptos y preceptos morales, constituyéndose como el método racionalizada de la oligarquía colombiana para conservar sus mezquinos privilegios sociales a costa de nuestra pauperización. Me pregunto, qué tipo de sociedad democrática e incluyente sataniza (literalmente) con acusaciones panfletarias, y con un uso irresponsable de la historia, todo tipo de propuesta que consideran a la equidad social como una condición a priori para cualquier “legalidad democrática”. Esto, sin cuestionar la peligrosa polisemia producida de las afirmaciones, en abstracto, que proclaman la fidelidad en la legalidad, de la cual se valió hasta Hitler para matar a más de 6000 judíos en La Segunda Guerra Mundial.
La dependencia de los cuestionables mecanismos de pedagogía política contemporáneos (medios de comunicación), han tergiversado los que significa generar condiciones materiales para el cumplimiento efectivo de los derechos sociales, económicos y culturales ¡¡¡universales!!! con los que se comprometió la carta política que fundó a un estado social de derecho, diez y nueve años después todavía en deuda. No entiendo porqué la educación como un derecho universal, para que todo joven tenga una formación mínima en una actividad productiva, queda obnubilada por un concepto vacio de “pedagogía cívica” como la manera de atacar otro concepto, igualmente vacio, como lo es la “cultura de la ilegalidad”. Así mismo, la propuesta de separar la prestación de servicios sociales del mercado, siniestro efecto de la Ley 100, ha quedado ocultada con las calumnias infames, que día tras día han querido convertir a la justicia social en el “terror de una amenaza comunista”. Eso sí, no se puede ocultar que estos conceptos divergentes de sociedad, desarrollo y modernización implican necesariamente quitarle el negocito a unos cuantos, que hábilmente han sabido convertir la carencia de los colombianos en productivas y siniestras industrias de capital.
El velo democrático del régimen colombiano, auto legitimado en el estrecho concepto de opinión pública o estado de opinion, ha conseguido desprestigiar toda propuesta política fundada en un concepto de pluralidad, con sus diferentes acepciones (política, de genero, étnica, etaria etc.). En consecuencia, el eje estructurador del programa de gobierno del Polo Democrático es convertido arbitrariamente en sinónimo forzado de apoyo a la lucha armada. Este método de desprestigio sistemático, ha conseguido castrar de raíz la posibilidad efectiva para que un proyecto de izquierda pueda gobernar algún día en nuestro país, mientras que se sigue ocultando la cara oscura de un régimen al servicio del los poderes económicos, esos sí, los verdaderos reproductores de la ética mezquina del capital “yo como todo lo tengo, puedo pasar por encima de cualquiera”.
El doctor Antanas Muckus con tantas maestría y títulos, en sus últimas entrevista parece seguir creyendo que defender la pluralidad política, el derecho al debate y el consenso equivale a validar los método de lucha de la guerrilla; mientras que también sigue pensando que abrir escenarios de negociación con la diversidad de actores políticos, en el complejo escenario nacional, equivale a reproducir los “valores de la ilegalidad”. Tal vez mi juicio sea un poco apresurado, pues el doctor Antanas, en su firme convicción católica, parece considerar que el poder político tiene un hierático origen divino, tal como lo demostró en el intercambio de guiños con monseñor Rubiano, donde puso de manifiesto el lema de la monarquía absoluta a Deo rex, a regele lex (Del Dios al Rey, del rey a la ley).
La apremiante demanda de justicia social que demanda nuestra sociedad es opacada por la “legalidad democrática” que invierte el orden de los factores, con ello comprobando el argumento de Foucault, quien considera que la economía del poder, ejerce su coerción a través de métodos cada vez más racionalizado, los cuales ayudan a evitar el desgaste de los grupos dominantes. Antes que cultura de la legalidad, nuestro país demanda una justicia moral de parte de las oligarquías colombianas, que sostienen y sustentan un estado genocida que primero vuela moto cierra y después deja morir de hambre.
La corrupción, la trampa, la cultura de la ilegalidad y la delincuencia, no pueden ser juzgadas someramente sin tener una perspectiva histórica. Estas problemáticas de nuestro presente, son el resultado de las insoslayables brechas abierta por la permanecía de una sociedad siervos y señores dentro de un sistema político moderno, potenciadas por un modelo de desarrollo socioeconómico de índole neoliberal. Antes de una pedagogía cívica, es necesario sellar dichas brechas sociales. Es decir la miseria y pobreza del sesenta por ciento de colombianos, para quienes operar a través de un conjunto de prácticas y relaciones sociales de corte tradicional, que se convierten en la única alternativa posible para equilibrar la marginalidad de la cual son sujetos, pero que en la mayoría de los caso implican la violación de la norma y la “legalidad”. En conclusión, primero es necesario un mayor porcentaje de justicia y equidad social para poder discutir los métodos adecuados de una “pedagogía cívica”.
Me pregunto si el 60 % de los colombianos que vivimos bajo la línea de pobreza, nos saltamos la acera, optamos por algunos “atajos” o nos dedicamos alguna actividad “ilegal”, como la piratería, simplemente por el placer que de violar la ley. Muy a pesar de aquellos idealistas de new age, que todavía piensan que el problema de la política colombiana se soluciona predicando paz y amor, estas prácticas se convierten en las válvulas de escape y herramientas cotidianas de lucha social para millones de colombianos que poco o nada tienen, pero que son juzgados irresponsable y autoritariamente como la sociedad del “todo lo vale”.
Finalmente, cierro esta reflexión con una breve cita de Josep Fontana sobre la historia y el historiador, que me parece relevante para cualquier actor social inscrito en un presente histórico, “la historia, como arma, proclama la obligación moral del historiador de comprometerse con la sociedad en que vive y de sentir por ella la alegría infinita de estar aquí en este mundo revuelto y cambiante, peligroso y bello, doloroso y sangriento como un parto, pero como el creador de nueva vida”.
La manipulación mediática de la cual está siendo víctima el último ejercicio democrático en nuestro país, y que al parecer va definir el nombre de nuestro próximo presidente, ha conducido a una confusión generalizada de conceptos y preceptos morales, constituyéndose como el método racionalizada de la oligarquía colombiana para conservar sus mezquinos privilegios sociales a costa de nuestra pauperización. Me pregunto, qué tipo de sociedad democrática e incluyente sataniza (literalmente) con acusaciones panfletarias, y con un uso irresponsable de la historia, todo tipo de propuesta que consideran a la equidad social como una condición a priori para cualquier “legalidad democrática”. Esto, sin cuestionar la peligrosa polisemia producida de las afirmaciones, en abstracto, que proclaman la fidelidad en la legalidad, de la cual se valió hasta Hitler para matar a más de 6000 judíos en La Segunda Guerra Mundial.
La dependencia de los cuestionables mecanismos de pedagogía política contemporáneos (medios de comunicación), han tergiversado los que significa generar condiciones materiales para el cumplimiento efectivo de los derechos sociales, económicos y culturales ¡¡¡universales!!! con los que se comprometió la carta política que fundó a un estado social de derecho, diez y nueve años después todavía en deuda. No entiendo porqué la educación como un derecho universal, para que todo joven tenga una formación mínima en una actividad productiva, queda obnubilada por un concepto vacio de “pedagogía cívica” como la manera de atacar otro concepto, igualmente vacio, como lo es la “cultura de la ilegalidad”. Así mismo, la propuesta de separar la prestación de servicios sociales del mercado, siniestro efecto de la Ley 100, ha quedado ocultada con las calumnias infames, que día tras día han querido convertir a la justicia social en el “terror de una amenaza comunista”. Eso sí, no se puede ocultar que estos conceptos divergentes de sociedad, desarrollo y modernización implican necesariamente quitarle el negocito a unos cuantos, que hábilmente han sabido convertir la carencia de los colombianos en productivas y siniestras industrias de capital.
El velo democrático del régimen colombiano, auto legitimado en el estrecho concepto de opinión pública o estado de opinion, ha conseguido desprestigiar toda propuesta política fundada en un concepto de pluralidad, con sus diferentes acepciones (política, de genero, étnica, etaria etc.). En consecuencia, el eje estructurador del programa de gobierno del Polo Democrático es convertido arbitrariamente en sinónimo forzado de apoyo a la lucha armada. Este método de desprestigio sistemático, ha conseguido castrar de raíz la posibilidad efectiva para que un proyecto de izquierda pueda gobernar algún día en nuestro país, mientras que se sigue ocultando la cara oscura de un régimen al servicio del los poderes económicos, esos sí, los verdaderos reproductores de la ética mezquina del capital “yo como todo lo tengo, puedo pasar por encima de cualquiera”.
El doctor Antanas Muckus con tantas maestría y títulos, en sus últimas entrevista parece seguir creyendo que defender la pluralidad política, el derecho al debate y el consenso equivale a validar los método de lucha de la guerrilla; mientras que también sigue pensando que abrir escenarios de negociación con la diversidad de actores políticos, en el complejo escenario nacional, equivale a reproducir los “valores de la ilegalidad”. Tal vez mi juicio sea un poco apresurado, pues el doctor Antanas, en su firme convicción católica, parece considerar que el poder político tiene un hierático origen divino, tal como lo demostró en el intercambio de guiños con monseñor Rubiano, donde puso de manifiesto el lema de la monarquía absoluta a Deo rex, a regele lex (Del Dios al Rey, del rey a la ley).
La apremiante demanda de justicia social que demanda nuestra sociedad es opacada por la “legalidad democrática” que invierte el orden de los factores, con ello comprobando el argumento de Foucault, quien considera que la economía del poder, ejerce su coerción a través de métodos cada vez más racionalizado, los cuales ayudan a evitar el desgaste de los grupos dominantes. Antes que cultura de la legalidad, nuestro país demanda una justicia moral de parte de las oligarquías colombianas, que sostienen y sustentan un estado genocida que primero vuela moto cierra y después deja morir de hambre.
La corrupción, la trampa, la cultura de la ilegalidad y la delincuencia, no pueden ser juzgadas someramente sin tener una perspectiva histórica. Estas problemáticas de nuestro presente, son el resultado de las insoslayables brechas abierta por la permanecía de una sociedad siervos y señores dentro de un sistema político moderno, potenciadas por un modelo de desarrollo socioeconómico de índole neoliberal. Antes de una pedagogía cívica, es necesario sellar dichas brechas sociales. Es decir la miseria y pobreza del sesenta por ciento de colombianos, para quienes operar a través de un conjunto de prácticas y relaciones sociales de corte tradicional, que se convierten en la única alternativa posible para equilibrar la marginalidad de la cual son sujetos, pero que en la mayoría de los caso implican la violación de la norma y la “legalidad”. En conclusión, primero es necesario un mayor porcentaje de justicia y equidad social para poder discutir los métodos adecuados de una “pedagogía cívica”.
Me pregunto si el 60 % de los colombianos que vivimos bajo la línea de pobreza, nos saltamos la acera, optamos por algunos “atajos” o nos dedicamos alguna actividad “ilegal”, como la piratería, simplemente por el placer que de violar la ley. Muy a pesar de aquellos idealistas de new age, que todavía piensan que el problema de la política colombiana se soluciona predicando paz y amor, estas prácticas se convierten en las válvulas de escape y herramientas cotidianas de lucha social para millones de colombianos que poco o nada tienen, pero que son juzgados irresponsable y autoritariamente como la sociedad del “todo lo vale”.
Finalmente, cierro esta reflexión con una breve cita de Josep Fontana sobre la historia y el historiador, que me parece relevante para cualquier actor social inscrito en un presente histórico, “la historia, como arma, proclama la obligación moral del historiador de comprometerse con la sociedad en que vive y de sentir por ella la alegría infinita de estar aquí en este mundo revuelto y cambiante, peligroso y bello, doloroso y sangriento como un parto, pero como el creador de nueva vida”.
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