Oídos sordos
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LAS ESTRATEGIAS RETÓRICAS DEL GObierno, empecinado en imponer sus puntos de vista para justificar los procedimientos empleados para combatir la violencia de los grupos al margen de la ley, no deben conducir a equívocos. Nuestro país ha librado y libra aún una confrontación armada —injusta, de eso no cabe duda— que ocasiona víctimas que requieren que se les reconozca como tales por el Estado. Pero es en esta materia en donde existen ejemplos claros de la manera como el Gobierno intenta negar hechos que para otros países y organismos internacionales merecerían una discusión.
Para empezar, el vicepresidente Francisco Santos nos quiere hacer creer que la ONU incurrió en errores metodológicos, de manera deliberada, en el momento de calcular el número de desplazados por la guerra —que la Acnur, en el informe que presentó en Londres con motivo del día internacional de los refugiados, estima en tres millones de personas, superando a Irak, Congo, Uganda y Somalia—, para de esa manera "escandalizar" y tener acceso a una cifra mayor de dinero, desconociendo de tajo la legitimidad de un organismo internacional que requiere de un trato más respetuoso y acorde con el tipo de política internacional que todo país debería tener.
Se agrega a ello, en un segundo caso de desautorización, la manera como el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, cuestionó el reporte de cultivo de drogas efectuado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), aduciendo dudas frente a la metodología empleada y los resultados arrojados por la misma, en los que se alerta frente a un aumento de 27% en los cultivos de coca en Colombia el año pasado.
Por último, se opone el Gobierno al proyecto de ley que cursa en el Congreso a favor de las víctimas, en completa contravía a las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha recibido el Estado colombiano por su participación en masacres y desapariciones como las de Caballero y Santana, Las Palmeras, los 19 comerciantes, Gutiérrez Soler, Mapiripán, La Granja y El Aro, La Rochela y el caso Escué Zapata.
El proyecto de ley en cuestión, iniciativa del senador Juan Fernando Cristo, ha sido además objeto de un escenario de concertación y diálogo que no se presenciaba desde hace mucho tiempo en un país tan polarizado. No sólo adhirieron a él la Comisión de Juristas y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, entre otros organismos especializados, como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, sino que también contó con el apoyo de la oposición y de la propia bancada uribista, que tuvo a bien rebelarse en el último momento para que fuese aprobado y se pueda continuar con su discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y en la plenaria de la corporación.
Las consecuencias de una tendencia como la descrita no son pocas. Por un lado, se le cierra la posibilidad al debate y con él al significado de la democracia en tanto no hay espacios para la deliberación. La única voz legítima parece ser la del Gobierno, que no acepta críticas o planteamientos divergentes. Por el otro, no parece que los efectos de un desplante como el que protagonizó el Vicepresidente hayan sido considerados en ningún momento. Desprestigiar organismos internacionales, bajo el argumento de que sus métodos de análisis son inapropiados, lleva también al ostracismo.
Y por último, desde el momento en que el Gobierno no acepta la existencia de un conflicto y por el contrario insiste en la idea de una guerra contra el "terrorismo" —retomando abiertamente las expresiones lingí¼ísticas que los Estados Unidos impusieron después de los atentados del 11 de septiembre y que le han permitido al presidente Álvaro Uribe señalar de terroristas a personas que por sus actividades o actitudes terminan siendo estigmatizadas—, limita también la posibilidad de una negociación política.
Todo lo cual va en detrimento del reconocimiento que requieren las víctimas para que su reparación integral, una vez esa penosa identidad les sea otorgada, se convierta en un deber del Estado.
En últimas, la actitud del Gobierno ante las víctimas constituye un reflejo de la política de Justicia y Paz que hasta el momento se ha practicado: primero se negocia con los victimarios y después sí con las víctimas, frente a las cuales la concesión parecería un costo y no una responsabilidad.
LAS ESTRATEGIAS RETÓRICAS DEL GObierno, empecinado en imponer sus puntos de vista para justificar los procedimientos empleados para combatir la violencia de los grupos al margen de la ley, no deben conducir a equívocos. Nuestro país ha librado y libra aún una confrontación armada —injusta, de eso no cabe duda— que ocasiona víctimas que requieren que se les reconozca como tales por el Estado. Pero es en esta materia en donde existen ejemplos claros de la manera como el Gobierno intenta negar hechos que para otros países y organismos internacionales merecerían una discusión.
Para empezar, el vicepresidente Francisco Santos nos quiere hacer creer que la ONU incurrió en errores metodológicos, de manera deliberada, en el momento de calcular el número de desplazados por la guerra —que la Acnur, en el informe que presentó en Londres con motivo del día internacional de los refugiados, estima en tres millones de personas, superando a Irak, Congo, Uganda y Somalia—, para de esa manera "escandalizar" y tener acceso a una cifra mayor de dinero, desconociendo de tajo la legitimidad de un organismo internacional que requiere de un trato más respetuoso y acorde con el tipo de política internacional que todo país debería tener.
Se agrega a ello, en un segundo caso de desautorización, la manera como el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, cuestionó el reporte de cultivo de drogas efectuado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), aduciendo dudas frente a la metodología empleada y los resultados arrojados por la misma, en los que se alerta frente a un aumento de 27% en los cultivos de coca en Colombia el año pasado.
Por último, se opone el Gobierno al proyecto de ley que cursa en el Congreso a favor de las víctimas, en completa contravía a las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha recibido el Estado colombiano por su participación en masacres y desapariciones como las de Caballero y Santana, Las Palmeras, los 19 comerciantes, Gutiérrez Soler, Mapiripán, La Granja y El Aro, La Rochela y el caso Escué Zapata.
El proyecto de ley en cuestión, iniciativa del senador Juan Fernando Cristo, ha sido además objeto de un escenario de concertación y diálogo que no se presenciaba desde hace mucho tiempo en un país tan polarizado. No sólo adhirieron a él la Comisión de Juristas y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, entre otros organismos especializados, como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, sino que también contó con el apoyo de la oposición y de la propia bancada uribista, que tuvo a bien rebelarse en el último momento para que fuese aprobado y se pueda continuar con su discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y en la plenaria de la corporación.
Las consecuencias de una tendencia como la descrita no son pocas. Por un lado, se le cierra la posibilidad al debate y con él al significado de la democracia en tanto no hay espacios para la deliberación. La única voz legítima parece ser la del Gobierno, que no acepta críticas o planteamientos divergentes. Por el otro, no parece que los efectos de un desplante como el que protagonizó el Vicepresidente hayan sido considerados en ningún momento. Desprestigiar organismos internacionales, bajo el argumento de que sus métodos de análisis son inapropiados, lleva también al ostracismo.
Y por último, desde el momento en que el Gobierno no acepta la existencia de un conflicto y por el contrario insiste en la idea de una guerra contra el "terrorismo" —retomando abiertamente las expresiones lingí¼ísticas que los Estados Unidos impusieron después de los atentados del 11 de septiembre y que le han permitido al presidente Álvaro Uribe señalar de terroristas a personas que por sus actividades o actitudes terminan siendo estigmatizadas—, limita también la posibilidad de una negociación política.
Todo lo cual va en detrimento del reconocimiento que requieren las víctimas para que su reparación integral, una vez esa penosa identidad les sea otorgada, se convierta en un deber del Estado.
En últimas, la actitud del Gobierno ante las víctimas constituye un reflejo de la política de Justicia y Paz que hasta el momento se ha practicado: primero se negocia con los victimarios y después sí con las víctimas, frente a las cuales la concesión parecería un costo y no una responsabilidad.
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