jueves, 27 de marzo de 2008

Debate anarquista: SOBRE LAS PRISIONES

¿Qué hacer en una sociedad anarquista con criminales, paranoicos, violadores y asesinos en serie?
Esta es la pregunta que con frecuencia se realiza, cuando en alguna discusión manifestamos que los anarquistas queremos eliminar cárceles y cuerpos de policía en la futura sociedad libertaria.

Normalmente el anarquista responde que el tipo de delito de esta sociedad, es la consecuencia de una serie de causas: si hay dinero y desigualdad en su reparto, habrá quien lo robe. Por el contrario, si desaparece el dinero y la posibilidad de acumular riqueza, dejará de existir el robo. Es decir: si eliminas la causa, desaparecerá el efecto. En una sociedad anarquista, en una sociedad libre, sin dominación e igualitaria, multitud de delitos desaparecerán.

A pesar de ello, objetan, seguirá habiendo crímenes, ya que determinadas conductas sociopáticas no dependen del ambiente, ya sea la sociedad más libre que se pueda imaginar. Hay conductas que vienen inscritas —de alguna manera—, en la propia personalidad. Hay individuos que disfrutan matando, vejando, humillando sexualmente. Hay personas que llevan en la sangre el asesinato, que se ven compulsivamente impelidas a realizarlo... Y vuelven a preguntar: «cómo se neutralizaría a esos sociópatas?, ¿qué harían con ellos?».

Lo que vienen a decir, es que hace falta un cuerpo policiaco eficaz que investigue esos casos escabrosos, y una institución que reinserte socialmente a los delincuentes.

A esto respondemos lo siguiente: que en la actualidad la policía no es eficaz para erradicar el delito; que la cárcel no sirve para la función de reinserción social; que de la ley no emana la justicia.

A) La policía no es eficaz para erradicar el delito. La creencia en su eficacia es debida —en gran medida—, al autobombo y a la propaganda.

En la sociedad se producen un número de delitos muy superior al de los que son conocidos por la policía, ya que la mayoría de los pequeños delitos no son denunciados. De los delitos conocidos mediante denuncia, muchos no son investigados y se archivan. De los que son investigados, tan solo el 30% —según estadística del Ministerio del Interior—, son resueltos. De los que son resueltos habría que descontar los que son mal resueltos culpabilizando a inocentes con buena o mala fe, o los que se dan por resueltos sin haberlo sido...

El Ministerio del Interior suele además falsear las estadísticas para que aparezcan menos delitos de los realmente conocidos. Así hay una gran diferencia entre los 1.294 homicidios declarados por el Ministerio del Interior en el 2007, y las 2.289 muertes investigadas por la Fiscalía General de la Nación y los falsos positivos de la fuerza publica.

Si combatir el delito es el objetivo de la policía, se la debería ver en los barrios marginales, controlando los puntos de venta de droga, el tráfico de armas, los vehículos robados... Sin embargo, en estos barrios sólo hay un CAI, y es muy raro que entren en ellos unidades policiales, dada la hostilidad con que son recibidas.

Por el contrario la policía a quien se dedica a controlar concienzudamente, es a ciudadanos "normales". Quien está correctamente identificado, trabaja, posee domicilio, no va armado, carece de instintos agresivos..., es más fácilmente controlable. La policía no sirve tanto para reprimir al delincuente, como para evitar que la gente de «ley y orden» se atreva a delinquir. Piénsese en la cantidad de medios «antidisturbios» que posee la policía.

En consecuencia lo que pretende la policía no es erradicar la delincuencia, sino mantenerla dentro de unos límites. Es decir, que exista un ghetto sirve —según este razonamiento—: primero para justificar el gasto en un aparato represivo; segundo, para que el ciudadano honrado se sienta defendido. De esta manera la víctima acaba pagando a su propio verdugo. No decimos que esto sea consciente —ni mucho menos—, sino que funciona de esa manera.

La policía sólo podría ser eficaz cuando hubiese pocos delitos. En una sociedad como la nuestra, en la que se cometen delitos continuamente, sólo es eficaz en aquellos casos especialmente relevantes a los que «miran» o que «interesan» (infiltraciones a las FARC, pero no se preocuparon de los PARAMILITARES Y PARAPOLITICOS que correteaban ante sus mismas narices).

Hay muchos delitos, porque las circunstancias de esta sociedad favorecen que los haya. Al existir un régimen que defiende la propiedad privada, la desigualdad y el privilegio, de los más de dos millones de delitos «conocidos» que se producen anualmente en COLOMBIA, el 80% son «contra la propiedad». Este número ingente de delitos, convierte en ineficaz cualquier actividad policial.

La policía no sólo es ineficaz para eliminar el delito, sino que más a menudo de lo que parece, lo impulsa y estimula. La trama de confidentes tolerados que trafican con armas, explosivos y drogas que sucede a diario en los barrios de la ciudad, el hecho de que a dos cuadras del CAI del barrio Boston exista un lugar de expendio de drogas y la policía no haga nada al respecto puede servir de ejemplo.

Hay que mencionar, además, los propios delitos que realiza la policía en el ejercicio de sus funciones: desde negligencias hasta abusos, cohechos, torturas, asesinatos. maltrato detenciones. arbitrarias. homicidios y desapariciones.

La cárcel no puede reinsertar al delincuente.

La función de la cárcel no es la de reinsertar al delincuente en la sociedad de la que se ha salido. Es absurdo que se pretenda socializar a alguien, sacándolo de esa sociedad, desarraigándolo, aislándolo tras unos muros, hacinándolo con miles como él, y haciéndole pasar una serie de humillaciones que quitan la dignidad y la libertad de las personas. Un régimen de esclavitud sólo puede generar su propia perpetuación y la sumisión o la reacción violenta de quienes lo soportan. Por eso la cárcel es un antro en el que los abusos, la violación de los derechos humanos, los asesinatos..., son tapados con hermosas palabras como reinserción. La función de la cárcel es la que siempre ha tenido: la ejecución en el último tramo del circuito represivo, de la venganza y el castigo de aquellos grupos que son privilegiados por las leyes. Esta venganza se efectúa sobre un preso, del que se espera su sometimiento, o en caso de no conseguirse, su aniquilamiento.
La ley no puede proporcionar la justicia.

Porque las leyes lo que hacen es asentar privilegios e injusticias. Vivimos en una sociedad desigual, en la que unos son pobres y otros ricos. Dado que las leyes se dedican a la defensa de la propiedad privada y los derechos de los individuos, lo que hace la ley es refrendar la desigualdad. Al definir como delito que el que no tiene tome aquello que posee el que tiene, lo que hace es condenar a la cárcel a los desposeídos.

A pesar de todos los argumentos de los clásicos y de los modernos que ofrecemos en contra de las cárceles, policías y leyes, los detractores del anarquismo insisten en que en una sociedad anarquista, aún existiendo pocos delitos, siempre se tendrán que perseguir los de los individuos claramente enfermos, o simples criminales, que atenten contra la vida y la integridad de las comunidades y de las personas, y que para ello seguirá siendo inevitable la creación de cárceles y cuerpos de seguridad.

Imaginemos pues, que en una comunidad anarquista aparecen una serie de muertes misteriosas (pongamos un centenar), cometidas por un asesino invisible, letal, silencioso, que no deja huella a su paso. ¿Quién se ocuparía de descubrirlo?

La respuesta es que lo descubriría el servicio de salud pública, a través de su equipo de vigilancia epidemiológica, siguiendo los métodos de la ciencia médica. Así se determinan los agentes causales de distintos envenenamientos masivos, poniendo nombre y apellido al veneno y señalando al responsable: la talidomida, el mercurio, el vibrión colérico, los aceites industriales. No se llama a la policía para descubrir una secuencia de cien fallecimientos y miles de lesionados. No se espera a decenas de tipos vestidos de azul y armados con porras. Se avisa a los epidemiólogos, a biólogos, a técnicos, a científicos, hombres y mujeres vestidos de calle o con bata blanca, que preguntan, observan, analizan, descubren y toman medidas. Quien es capaz de encontrar un virus, puede descubrir cualquier asesino, sea humano o venido de ultratumba. Y son esos técnicos, que no ostentan la capacidad represiva de un policía, quienes pueden aislar, controlar y reducir esas posibles amenazas, mediante la ayuda —si es preciso—, de otros profesionales que intervienen en situaciones de catástrofe: bomberos, protección civil.

No hace falta —por lo tanto—, un cuerpo dotado de funciones represivas, que se beneficie del delito para justificar su existencia.
Aportado por los compas de la Cruz Negra Anarquista - Medellin - http://www.cruznegraanarquistamedellin.blogspot.com/

lunes, 24 de marzo de 2008

S.O.S: DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

Perplejos ante la profunda indiferencia de la gran parte del pueblo colombiano que ha sido víctima del discurso gubernista que esteriliza los sentimientos humanos, vemos como cada día salen a la luz más hechos obscuros y criminales que evidencian la ilegitimidad del régimen paramilitar colombiano. Con fuentes oficiales como, en este caso, El Tiempo, publicamos dos noticias que ponen de bandera la grave situación que vive el país en cuanto al tema de los Derechos Humanos y la complicidad de las fuerzas legales del gobierno con su brazo ilegal, los paramilitares, que, una vez mas, demuestran la falsedad de su supuesta “desmovilizacion”.

Foto: Leonidas Gomez, uno de los muchos dirigentes sindicales asesinados en 2008

Por alianza con 'paras' en masacre de Viotá, destituyen al capitán Édgar Arbeláez Sánchez

La Procuraduría lo declaró responsable de homicidio y además lo inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos, luego de conocer una charla del oficial con Ágapo Gamboa Daza, alias 'César'.

"Va a trabajar conmigo, o qué... vea... levanten dos manes de Fusa, los uniformes y los matamos a esos triple... Traigalos y mañana le hacemos la vuelta aquí con soldados míos. Deme un fusil y un changón y sale...", dice la conversación a través de celular.

Eso llevó al Ministerio Público a establecer la participación del capitán Arbeláez en la planeación y ejecución de los asesinatos de Alonso Rincón León y José Alfredo Castañeda, dos vendedores ambulantes que se ganaban la vida en la plaza de mercado del municipio de Fusagasugá. Por estos mismos hechos, un juez condenó al capitán a 34 años.

La investigación de la Procuraduría, paralela a la de la Fiscalía, determinó que el oficial estaba preocupado debido a las continuas denuncias sobre homicidios, desapariciones e intimidaciones de parte de 'paras' en la zona donde estaba asignado.

El oficial, dice la Procuraduría, necesitaba mostrar resultados ante sus superiores por lo que habría planeado el doble crimen para hacerlos parecer como 'paras'.
La investigación

En 70 horas de grabaciones, realizadas por el CTI de la Fiscalía, la Procuraduría no sólo reconstruyó la forma como el oficial concibió el asesinato, también las conversaciones con los miembros de las Auc que develaron los nexos del capitán Arbeláez con los 'paras'.

El oficial llegó a la región durante la primera semana de marzo del 2003, cuatro meses antes del doble crimen, y eligió el municipio de Viotá como su centro de operaciones. Poco después de instalada la base, asegura la Procuraduría en su fallo, comenzaron a aparecer cadáveres y a desaparecer personas en poblaciones como Apulo, Tocaima, Anapoima y La Mesa.

Los crímenes eran cometidos por hombres armados y vestidos con prendas de uso militar que se identificaban como de las Auc, aseguró a las autoridades Ángela Baquero Pinzón, inspectora de Policía de Viotá y 137 testigos más.
Asesinados por su labor como sindicalistas dos participantes de la marcha del pasado 6 de marzo

Se trata de la profesora Carmén Cecilia Carvajal, en Ocaña (Norte de Santander), y de Carlos Burbano, en San Vicente del Caguán (Caquetá).

La docente estaba afiliada a la Asociación de Institutores Norte Santandereanos, mientras que Burbano hacía parte de la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc).

Carvajal, de 52 años, fue atacada por dos sicarios la mañana del pasado 4 de marzo mientras salía de su casa. Dos sicarios se acercaron y le dispararon en el rostro, confirmó la Fiscalía.

Autoridades le siguen la pista a supuestas amenazas que recibieron de grupos como 'Nueva Generación' y 'Águilas Negras', denunciadas por directivos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

La misma denuncia también fue hecha por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, mediante un comunicado.

Una semana después fue encontrado el cadáver de Burbano sobre la vía que de San Vicente conduce a Puerto Rico con heridas ocasionadas por arma blanca, estableció la Policía.

Según la CUT y la ONU, han sido asesinadas seis personas pertenecientes a sindicatos y ONG de derechos humanos entre el 23 de febrero y el 11 de marzo en cuatro departamentos y en Bogotá "como consecuencia de su participación en la marcha", aseguran.

Fabio Arias, vicepresidente de la CUT, tiene algunos nombres de víctimas: Leonidas Gómez, del sindicato Unión Nacional de Empleados Bancarios (Uneb), y Gildardo Antonio Gómez, educador y delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida).

"Ninguna muerte tuvo una motivación personal -dijo Arias-. Suceden en momentos previos y posteriores a la marcha. Además, coincide con amenazas hechas a 20 personas de nuestro Departamento de Derechos Humanos y de Fecode".

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU consideró que "es urgente una acción decidida" para aclarar otros dos homicidios: el de Édgar Molina (colaborador de Huipaz), ocurrido el 23 de febrero en Algeciras (Huila), y el del dirigente Manuel José Reina, el 25 de febrero en Vijes (Valle).

domingo, 23 de marzo de 2008

Organizaciones sociales mexicanas piden a su gobierno que demande a Colombia ante la Corte Penal Internacional

Artículo del periodista Emir Olivares Alonso, sacado del diario mexicano "La Jornada", edición del 23 de marzo de 2008.

Ante la obligación que tiene de proteger los derechos y seguridad de sus ciudadanos, el Estado mexicano está obligado a demandar al gobierno colombiano en la Corte Penal Internacional (CPI) por el asesinato de cuatro estudiantes connacionales durante el ataque contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador, aseguran diversas organizaciones civiles.

En un llamamiento urgente a Felipe Calderón, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al rector de la UNAM, José Narro; a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a otras instancias nacionales e internacionales, las ONG –encabezadas por la Liga Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Limeddh) y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem)– exigieron, en el ámbito internacional, que se inicie una investigación exhaustiva e imparcial sobre este crimen para sancionar a los responsables, y demandaron a la administración federal no criminalizar al movimiento estudiantil y defender a la UNAM como un espacio de libre opinión y conocimiento.

También solicitan información oficial para coadyuvar al esclarecimiento de la verdad; que organismos como la OEA o la ONU realicen una “enérgica condena por los ilícitos cometidos por el gobierno de Álvaro Uribe”, y se asegure la repatriación de Lucía Morett –la única mexicana sobreviviente– sin cargo alguno y en calidad de testigo de la masacre, amén de que se garantice su seguridad física, sicológica y jurídica.

En entrevista Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, señaló que la exigencia de los familiares de los jóvenes universitarios, que perdieron la vida tras ese ataque militar, en el sentido de que el gobierno mexicano se pronuncie es valiente, pero bastante escrupulosa. “Nosotros creemos que hay una responsabilidad de la cancillería mexicana que está violentando parte de su función de proteger a todo mexicano en cualquier parte del mundo. Si lo ha hecho con personas acusadas de delitos, e incluso sentenciados a muerte en Estados Unidos, no vemos por qué no hacerlo por estos cuatro jóvenes que mueren en una masacre.”

Con base en el artículo 16 del Estatuto de Roma de la CPI, adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU, los activistas señalan: “el gobierno mexicano tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y nacionales, (por ello) sobre el fundamento de crímenes de guerra debería demandar a Colombia o al menos mandar a la fiscalía de la CPI remisión e informaciones sobre lo que ocurrió en Ecuador para que examine y encabece las investigaciones y prosecuciones”.

Ramírez informó que además se promoverá una reunión “multilateral” en la que participen los padres de los jóvenes asesinados, las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, el Congreso de la Unión, la UNAM y el Politécnico, las comisiones de derechos humanos Nacional y del Distrito Federal, las embajadas de Colombia y Ecuador, una delegación de la Unión Europea, el comité internacional de la Cruz Roja y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a fin de “abordar el mecanismo de seguimiento a todas las acciones a realizar” para esclarecer los hechos y sancionar a los culpables.

Asimismo, las ONG expresaron su preocupación ante la campaña de “desprestigio” emprendida por algunos medios de comunicación en la que “se pretende criminalizar a los estudiantes mexicanos, se atenta contra la libertad de cátedra, pensamiento y expresión y se busca afectar a la UNAM, el IPN y a la educación pública en general”.

domingo, 16 de marzo de 2008

El lavado de cerebros en libertad es más eficaz que en las dictaduras

El siguiente es un extracto de la entrevista hecha por Daniel Mermet a Noam Chomsky para Le Monde Diplomatique a finales del año pasado. Chomsky habla de la influencia y la manipulación de los medios de comunicación sobre los pueblos, del estado de la democracia actual, del socialismo, la organización anarquista, y, en general de temas muy actuales teniendo en cuenta el contexto colombiano y latinoamericano.


El escritor Noam Chomsky de los EEUU habla de los mecanismos detrás de la comunicación moderna, un instrumento esencial de gobierno en los países democráticos, tan importantes para nuestros gobiernos como la propaganda es a una dictadura.

DM: Cada vez que se le pregunta a un periodista estrella o a un presentador de un gran noticiero televisivo si sufre de presiones, si le ha pasado que lo censuren, él contesta que es completamente libre, que expresa sus propias convicciones. ¿Cómo funciona el control del pensamiento en una sociedad democrática? En lo que respecta a las dictaduras lo sabemos.

Cuando se les pregunta a los periodistas, responden inmediatamente: "Nadie me ha presionado, yo escribo lo que quiero." Es cierto. Solamente, que si tomaran posiciones contrarias a la norma dominante, ya no escribirían sus editoriales. La regla no es absoluta, desde luego; a mí mismo me sucede que me publiquen en la prensa norteamericana, Estados Unidos no es un país totalitario tampoco. Pero cualquiera que no satisfaga ciertas exigencias mínimas no tiene oportunidad alguna de alcanzar el nivel de comentador con casa propia.

Es por otra parte una de las grandes diferencias entre el sistema de propaganda de un Estado totalitario y la manera de proceder en las sociedades democráticas. Exagerando un poco, en los países totalitarios, el Estado decide la línea que se debe seguir y luego todos deben ajustarse a esta. Las sociedades democráticas operan de otro modo. La "línea" jamás es enunciada como tal, se sobreentiende. Se procede, de alguna manera, al "lavado de cerebros en libertad". E incluso los debates "apasionados" en los grandes medios se sitúan en el marco de los parámetros implícitos consentidos, los cuales tienen en sus márgenes numerosos puntos de vista contrarios.

El sistema de control de las sociedades democráticas es muy eficaz; instila la línea directriz como el aire que respira. Uno ni se percata, y se imagina a veces estar frente a un debate particularmente vigoroso. En el fondo, es mucho más rendidor que los sistemas totalitarios.

Tomemos por ejemplo el caso de Alemania a comienzos de los años 30. Tenemos tendencia a olvidarlo, pero era entonces el país más avanzado de Europa, estaba a la cabeza en materia de arte, de ciencias, de técnicas, de literatura, de filosofía. Después, en muy poco tiempo hubo un retroceso completo, y Alemania se volvió el Estado más mortífero, el más bárbaro de la historia humana.

Todo aquello se realizó destilando temor: de los bolcheviques, de los judíos, de los norteamericanos, de los gitanos, en síntesis, de todos aquellos que, según los nazis, amenazaban el corazón de la civilización europea, es decir los "herederos directos de la civilización griega". En todo caso era lo que escribía el filósofo Martin Heidegger en 1935. Ahora bien, la mayoría de medios de comunicación alemanes que bombardearon a la población con mensajes de este género usaron las técnicas de marketing puestas a punto… por los publicistas norteamericanos.

No olvidemos cómo se impone siempre una ideología. Para dominar, la violencia no basta, se necesita una justificación de otra naturaleza. Así, cuando una persona ejerce su poder sobre otra -trátese de un dictador, un colono, un burócrata, un marido o un patrón-, requiere de una ideología que la justifique, siempre la misma: esta dominación se hace "por el bien" del dominado. En otras palabras, el poder se presenta siempre como altruista, desinteresado, generoso.
Cuando la violencia de Estado no basta

En los años 30, las reglas de la propaganda nazi consistían, por ejemplo, en escoger palabras simples, repetirlas sin descanso, y asociarlas a emociones, sentimientos, temores. Cuando Hitler invadió los Sudetes (en 1938), fue invocando los objetivos más nobles y caritativos, la necesidad de una "intervención humanitaria" para impedir la "limpieza étnica" sufrida por los germanófonos y para permitir que todos pudieran vivir bajo el "ala protectora" de Alemania, con el apoyo de la potencia de más avanzada del mundo en el campo de las artes y de la cultura.

En materia de propaganda, si de cierta manera nada ha cambiado desde Atenas, ha habido por lo menos cantidad de perfeccionamientos. Los instrumentos se han afinado mucho, en particular y paradojalmente en los países más libres del mundo: el Reino Unido y Estados Unidos. Es allí, y no en otro lado, donde la industria moderna de relaciones públicas, es decir la fábrica de la opinión, o la propaganda, nació en los años 1920.

Efectivamente, esos dos países habían progresado en materia de derechos democráticos (voto de las mujeres, libertad de expresión, etcétera) a tal punto que la aspiración a la libertad ya no podía ser contenida solo por la violencia del Estado. Viraron, pues, hacia las tecnologías de la "manufactura del consentimiento". La industria de las relaciones públicas produce, en sentido literal, consentimiento, aceptación, sumisión. Controla las ideas, los pensamientos, los espíritus. En relación al totalitarismo es un gran progreso: es mucho más agradable sufrir una publicidad que encontrarse en un cuarto de torturas.

En Estados Unidos la libertad de expresión está protegida hasta un grado que me parece desconocido en cualquier país del mundo. Es muy reciente. En los años 1960 la Corte Suprema alzó la barra muy alto en materia de respeto de la libertad de palabra, lo que expresaba, según mi opinión, un principio fundamental establecido desde el siglo XVIII por los valores de la Ilustración. La posición de la Corte fue que la palabra era libre, teniendo por única limitación la participación en un acto criminal. Si, por ejemplo, cuando entro a una tienda para desvalijarla, uno de mis cómplices tiene un arma y yo le digo "¡Dispara!", ese fin no está protegido por la Constitución. Por lo demás, el motivo debe ser particularmente grave para que se cuestione la libertad de expresión. La Corte Suprema reafirmó este principio a favor del Ku Klux Klan.

En Francia, en el Reino Unido y me parece que en el resto de Europa, la libertad de expresión es definida de manera más restrictiva. Para mí, la cuestión esencial es: ¿el Estado tiene el derecho de determinar lo que es la verdad histórica y el de penar a quien se aparta de ella? Pensar en ello termina ajustándose a una práctica propiamente estalinista.

A los intelectuales franceses les cuesta admitir que esa es su inclinación. Sin embargo, en el rechazo de una aproximación así no deben haber excepciones. El Estado no debería tener medio alguno de castigar a cualquiera que pretendiese que el sol gira alrededor de la Tierra. El principio de la libertad de expresión tiene algo muy elemental: o se le defiende en el caso de opiniones que se detesta, o no se le defiende para nada. Incluso Hitler y Stalin admitían la libertad de expresión de los que compartían su punto de vista…

Yo agrego que hay algo preocupante e incluso escandaloso en discutir estos temas dos siglos después de Voltaire, quien, como se sabe, declaraba: "Yo defendería mis opiniones hasta la muerte, pero daría mi vida para que ustedes pudieran defender las suyas." Adoptar una de las doctrinas fundamentales de sus verdugos, es hacerle un triste favor a la memoria de las víctimas del holocausto.

DM: En uno de sus libros, usted comentaba la frase de Milton Friedman: "Producir ganancias es la esencia misma de la democracia"…

A decir verdad, las dos cosas son de tal modo contrarias que ni siquiera hay comentario posible… La finalidad de la democracia es que la gente pueda decidir su propia vida y hacer las elecciones políticas que le atañen. La realización de ganancias es una patología de nuestras sociedades, adosada a estructuras particulares. En una sociedad decente, ética, esta preocupación por la ganancia sería marginal. Tomemos mi departamento universitario (en el Instituto Técnico de Massachussets MIT): algunos científicos trabajan duro para ganar mucho dinero, pero se les considera un poco como marginales, gente perturbada, casi casos patológicos. El espíritu que anima a la comunidad académica es más bien el de tratar de hacer descubrimientos por interés intelectual pero también para el bienestar de todos.

DM: En la obra que se le dedica en las Éditions de L'Herne, Jean Ziegler escribe: "Ha habido tres totalitarismos: el totalitarismo estaliniano, nazi y ahora es Tina (iniciales de There is no alternative, no hay alternativa), propuesto por Margaret Thatcher planteando el carácter ineluctable del capitalismo neoliberal, que no es otra cosa que un posible forma de globalización). ¿Compararía usted esos tres totalitarismos?

Yo no los pondría en el mismo plano. Enfrentarse contra "Tina" es afrontar una empresa intelectual que no se puede asimilar a los campos de concentración ni al gulag. Y, de hecho, la política de Estados Unidos suscita una oposición masiva a escala planetaria. Argentina y Venezuela han expulsado al Fondo Monetario Internacional (FMI). Estados Unidos debió renunciar a lo que era la norma todavía hace veinte o treinta años: el golpe militar en América Latina. El programa económico neoliberal que se ha impuesto a la fuerza a toda América Latina en los años 1980 y 1990, hoy día es rechazado en el conjunto del continente. Se encuentra esta misma oposición contra la globalización económica a escala mundial.

El movimiento por la justicia, que está bajo los fuegos de los proyectores mediáticos durante cada Forum Social Mundial, trabaja en realidad todo el año. Es un fenómeno muy nuevo en la historia, que marca quizás el comienzo de una verdadera Internacional. Su principal caballo de batalla está en la existencia de una solución alternativa. Por otro lado, ¿qué mejor ejemplo de globalización diferente que el Forum Social Mundial? Los medios hostiles llaman a los que se oponen a la globalización neoliberal los "antimundialistas", cuando en realidad ellos combaten por otra globalización, la globalización de los pueblos.

Se puede observar el contraste entre unos y otros porque en el mismo momento, tiene lugar en Davos, el Forum Económico Mundial, que trabaja para la integración económica planetaria, pero en el único interés de los financistas, de los bancos y de los fondos de pensión. Potencias que controlan también los medios de comunicación. Es su concepción de la integración global, pero al servicio de los inversores. Los medios dominantes consideran que esta integración es la única que merece, de algún modo, la denominación oficial de globalización.

He aquí un buen ejemplo del funcionamiento de la propaganda ideológica en las sociedades democráticas. Es eficaz hasta tal punto que incluso los participantes en el Forum Social Mundial aceptan a veces el calificativo malintencionado de "antimundialistas" (o "antiglobalistas"). En Porto Alegre, intervine en el marco del Forum, y participé en la Conferencia Mundial de los Campesinos. Ellos solos representan la mayoría de la población del planeta…

DM: A usted se le ubica en la categoría de los anarquistas o de los socialistas libertarios. En la democracia tal como usted la concibe, ¿cuál sería el lugar del Estado?

Vivimos en este mundo, no en un universo imaginario. En este mundo existen instituciones tiránicas, esas son las grandes empresas. Es lo que hay más cercano a las instituciones totalitarias. Estas no tienen, por decirlo así que rendirle cuentas al público, a la sociedad; actúan a la manera de depredadoras cuyas presas serían otras empresas. Para defenderse de ellas, las poblaciones sólo tienen un instrumento: el Estado. Ahora bien, este no es un escudo muy eficaz, pues, en general, está estrechamente ligado a los depredadores. Con una diferencia no desdeñable: mientras que, por ejemplo, General Electric no tiene que rendir cuentas, el Estado debe a veces explicarse ante la población.

Cuando la democracia se haya ensanchado al punto que los ciudadanos controlen los medios de producción y de intercambio, participen en el funcionamiento y en la dirección del marco general en el cual viven, entonces el Estado podría desaparecer poco a poco. Será reemplazado por asociaciones voluntarias situadas en los lugares de trabajo y donde vive la gente.

DM:¿Los soviets?
Eran los soviets. Pero la primera cosa que Lenin y Trotski destruyeron inmediatamente después de la revolución de Octubre, fueron los soviets, los consejos obreros y todas las instituciones democráticas. Lenin y Trotski a este respecto fueron los peores enemigos del socialismo en el siglo XX. En tanto que marxistas ortodoxos, estimaron que una sociedad retardataria como la Rusia de su época no podía pasar directamente al socialismo antes de ser precipitada a la fuerza en la industrialización.

En 1989, al momento del hundimiento del sistema comunista, yo pensé que este hundimiento, paradójicamente, representaba una victoria par el socialismo. Pues el socialismo tal como yo lo concibo, o por lo menos lo respeto, implica el control democrático de la producción, de los intercambios y de las otras dimensiones de la existencia humana.

De todas maneras, los dos principales sistemas de propaganda se han puesto de acuerdo para decir que el sistema tiránico instituido por Lenin y Trotski, después transformado en monstruosidad política por Stalin, era el "socialismo". Los dirigentes occidentales no podían sino estar encantados por este uso absurdo y escandaloso del término que les ha permitido durante décadas difamar el socialismo auténtico.

Con idéntico entusiasmo, pero de sentido contrario, el sistema de propaganda soviético ha intentado explotar en su provecho la simpatía y el compromiso que suscitaban para muchos trabajadores los ideales socialistas auténticos.

DM: ¿No es cierto que todas las formas de autoorganización según los principios anarquistas han terminado hundiéndose?

No hay "principios anarquistas" fijos, una suerte de catecismo libertario al se le debería prestar fidelidad. El anarquismo, por lo menos como yo lo entiendo, es un movimiento del pensamiento y de la acción humanas que busca identificar las estructuras de autoridad y de dominación, pedirles que se justifiquen y, dado que son incapaces, lo que sucede con frecuencia, intentar superarlas.

Lejos de haberse "hundido" el anarquismo, el pensamiento libertario, está floreciendo. Está en la fuente de numerosos progresos reales. Formas de opresión y de injusticia que casi no se reconocían, y menos aun combatían, ya no se admiten. Es un logro, un avance para el conjunto del género humano, no un fracaso.
Publicado en Le Monde Diplomatique - Agosto 2007

lunes, 10 de marzo de 2008

EL ESTADO SICARIO DE URIBE VELEZ

El siguiente artículo, sacado del tendencioso diario “El Tiempo”, plantea claramente la actitud criminal y falta de ética del “Estado corporativo” que intenta construir Uribe Vélez. Las bases sociales de tal construcción parten del principio de convertir a la población en una masa que viva y muera en función del Estado, su burocracia y pocos intereses económicos.

La población debe estar alienada al punto de ser “tontos útiles” o “sapos” al servicio de la lucha contra la disidencia. No se debe diferenciar entre disidencia y terrorismo, toda actitud alternativa cabe en la clasificación de “apatrida”, enemigo de Colombia, o, simplemente, “el mal”.

Con el caso de “Rojas”, el guerrillero que asesinó y mutilo al dirigente de las FARC “Iván Ríos”, se evidencia la cara criminal del Estado colombiano, y como la doctrina de la “razón de estado” es aplicada sin paliativos por el gobierno de Uribe.

5000 millones de pesos es la recompensa que el Estado pagará a “rojas” por asesinar a otra persona. ¡El estado paga por asesinar! ¿No era esa una típica práctica de los carteles narcotraficantes? Pablo Escobar pagaba 1 millón de pesos por matar un policía en Medellín en los años 90. Hoy Álvaro Uribe paga millones por matar “enemigos de la patria”, al mejor estilo de los tiempos del sicariato en Antioquia… “La manzana no cae lejos del arbol”…


El dilema con "Rojas"

La recompensa a la que, en principio, tiene derecho 'Rojas', el jefe de seguridad de 'Iván Ríos', por haber cobrado para las autoridades la segunda baja del más alto nivel de las Farc, plantea al Gobierno -y a la sociedad- una compleja disyuntiva jurídica, política y moral.

Basta pensar en lo que está en juego. Si se paga la recompensa de 5.000 millones de pesos -oficialmente prometida a cualquiera que contribuya a capturar a un miembro del secretariado de las Farc- se estaría premiando a un hombre que ha cometido un homicidio y ha dicho él mismo que cortó la mano del cadáver para demostrar que se trataba de 'Ríos'. ¿Puede un Estado de Derecho amparar semejante conducta, aun con la justificación de que el muerto es uno de los jefes de una organización que ha causado infinito daño?

Pero si no se le paga, ¿no se les estará enviando a miembros de la guerrilla eventualmente dispuestos a hacer algo similar para entregarse el mensaje de que el Estado no cumple las recompensas que anuncia, y limitar así las posibilidades de que procesos de desmoralización dentro de esas organizaciones culminen en traiciones tan elocuentes como la protagonizada por 'Rojas'?

Más allá de la obvia importancia que tiene desde el punto de vista militar, recompensar este tipo de actitud plantea dilemas políticos y morales para un Estado de Derecho. Es perfectamente legítimo premiar la delación para combatir organizaciones ilegales, pero este caso plantea una situación sui géneris, que la ley no previno. Fomentar el asesinato (para no hablar de la mutilación) como fórmula para combatir a la guerrilla no solo resulta 'políticamente incorrecto', sino que envía al conjunto de la sociedad un mensaje ambiguo y peligroso. Estas inquietudes tienen sin cuidado a terroristas que ponen bombas, secuestran y siembran minas, pero el Estado no puede deslegitimarse en su lucha contra el terrorismo. Así como hay métodos que las sociedades civilizadas han aceptado que no valen en la guerra, igualmente hay conductas que no se deben estimular. Y debe quedar claro a quienes incurren en ellas que, si bien ellos mismos pueden no vacilar en cuanto a los métodos y los límites, hay umbrales que el Estado y la sociedad no aceptan franquear. Para diferenciarse, precisamente, del enemigo que combaten.

Si el Gobierno quiere ser consecuente con su política de recompensas, que viene impulsando desde el 2002, debe pagar. Pero, si quiere ser consecuente con los principios básicos de una democracia, algún mecanismo debe mostrar que no es lo mismo delatar que matar, así se haga en nombre de la lucha contra enemigos armados del Estado.

A 'Rojas' habría, pues, que pagarle, pero él, a su vez, debe pagar. Corresponde a la Fiscalía asumir la investigación por lo que hizo y establecer si concurren atenuantes como la legítima defensa (él mismo ha alegado que estaban cercados, sin abastecimiento) u otras circunstancias. Como en cualquier homicidio. Y un juez debe dictaminar la pena a que haya lugar. No hay quizá otra forma de conciliar la política de recompensas -que en casos extremos puede ser un aliciente para conductas como la de 'Rojas'- con la de que matar se castiga en cualquier sociedad civilizada.

En todo caso, es una lección lo sucedido. Para las Farc, ante todo: que un miembro de su máxima dirección muera como cualquier bandido, a manos de sus propios hombres, habla mucho de la descomposición de esa organización. Y también, de la degradación general a que ha llegado nuestro conflicto armado: en pocos países se presenta alguien con una mano cortada a reclamar un premio estatal.

jueves, 6 de marzo de 2008

Histórica movilización contra la violencia

Millones de personas salieron a las calles bogotanas el día de hoy a recordar y homenajear a las cientos de miles de victimas de la violencia paramilitar y estatal. Bajo un ambiente jovial se recorrió la carrera séptima, desde el Parque Nacional hasta La Plaza de Bolívar. Para el momento en que los primeros marchantes iban llegando a la Plaza, la procesión de personas que se hacían sentir en la séptima parecía infinita hacia el norte de la ciudad.
Con una amplia variedad de procedencias, los familiares de victimas, los trabajadores, los indígenas, los campesinos y los estudiantes acudieron masivamente a repudiar al aparato paramilitar, la impunidad de los miles de crímenes cometidos por el Estado o con su complicidad y, en general las políticas de odio y exclusión del gobierno de Álvaro Uribe.

Una vez dada por terminada la marcha, y con la conclusión de un acto oficial en la Plaza de Bolívar, un grupo pequeño de personas, que NO hacían parte de la movilización, se enfrentaron por un tiempo con la policía en los alrededores del centro de la ciudad. Decimos que no hacían parte de la movilización, precisamente por que ésta tenía un carácter pacifico y reivindicativo. A fin de cuentas, la confrontación y los disturbios tan solo le sirven al gobierno y a sus medios de comunicación para tachar la enorme movilización de la gente consciente de todo el país.

Así el encabezado del tendencioso y parcial diario El Tiempo sea “En disturbios terminan marchas en memoria a las víctimas de la violencia”, nosotros les decimos, a través de nuestro propio medio popular de difusión, que la movilización de hoy no tiene nada que ver con las pequeñas escaramuzas que se dieron tras la marcha, que la movilización de hoy, 6 de marzo, significa un grito frentero de millones de personas colombianas que no quieren más paramilitarismo, que no quieren mas desaparecidos ni asesinados, que no quieren más “Seguridad Democrática”, que no quieren mas políticas guerreristas ni ganar más enemigos en el vecindario latinoamericano, que NO QUIEREN MAS URIBE!
Fuimos millones... Y ADEMAS SOMOS CONSCIENTES!
Insumisión Rebeldía Anticapitalismo

martes, 4 de marzo de 2008

6 DE MARZO: A LAS VICTIMAS DEL PARAMILITARISMO Y EL ESTADO CRIMINAL...

INSUMISIÓN REBELDÍA ANTICAPITALISMO
Colectivo Agitación
Presente y combatiente!

Sobre el conflicto

El siguiente es un articulo bastante interesante que reúne los hechos y revisa el posible trasfondo de los intereses que existen tras el Plan Colombia, el gobierno de Uribe y en general los problemas de la integración latinoamericana. El articulo NO expresa completamente la opinión de los militantes del Movimiento IRA, sin embargo constituye un elemento útil a consideración en el debate sobre el conflicto interno que hay en Colombia.

Sin darle la razón a las FARC, ni a Chávez, algo es seguro: la violación a la soberanía del Ecuador es un grave irrespeto a las leyes y convenios internacionales que tratan del orden y el balance entre los países.

Toda la verdad sobre la muerte de Raúl Reyes

Las investigaciones desarrolladas por las autoridades ecuatorianas van arrojando luz sobre lo que realmente sucedió en la madrugada del pasado 1 de marzo, donde fuerzas armadas colombianas abatieron entre 20 y 22 guerrilleros en territorio ecuatoriano. Emboscada en la que fue abatido, el comandante Raúl Reyes, número 2 en la estructura de mando de las FARC.

Las imágenes, los testimonios de los colonos de la zona, las declaraciones de tres guerrilleras que se encontraron aun con vida, los informes de balística e inteligencia militar ecuatoriana, vienen a demostrar el montón de mentiras declaradas por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, tanto al presidente Rafael Correa, del Ecuador, como al conjunto de la comunidad internacional y los medios de comunicación.

La versión colombiana.
Según la versión colombiana, se venía persiguiendo al frente 48 de las FARC, en base a una información que indicaba que el líder guerrillero, Raúl Reyes, haría presencia en un poblado denominado Granada, cerca de los límites fronterizos con Ecuador, pero aun en territorio colombiano.

El ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, indicó que durante dicha operación, las fuerzas armadas colombianas habían sido atacadas desde un campamento de las FARC situado a 1.800 metros de la frontera, en el interior del territorio ecuatoriano.

Se indica que entonces la fuerza aérea colombiana procedió a localizar y atacar el campamento guerrillero, teniendo siempre en cuenta la orden de no violar el espacio aéreo ecuatoriano; indicando que luego entró la fuerza armada colombiana para asegurar la zona y dejando a la Policía colombiana a cargo del campamento atacado, hasta la llegada del ejército ecuatoriano.

La verdad de los hechos.
Las investigaciones que se están desarrollando por parte de las autoridades ecuatorianas demuestran que nunca hubo combate por parte del comando atacado de las FARC. Con excepción de tres de ellos que cumplían funciones de vigilancia, los 18 fallecidos estaban durmiendo en ropa interior, ninguno del comando guerrillero tuvo ocasión de entrar en combate o rendirse.
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El armamento existente en el campamento estaba apilado, no tuvieron la ocasión ni siquiera de acceder a sus fusiles y granadas, fueron masacrados mientras dormían.

Los testimonios de los colonos de la zona, así como los socavones desarrollados sobre el piso de tierra del campamento demuestran que se dispararon cuatro bombas desde aviones colombianos que incursionaron sobre territorio ecuatoriano. Según las investigaciones de inteligencia militar, estas se dispararon desde el sur del campamento, lo que quiere decir que los aviones habían incursionado a más de 10 kilómetros al interior del territorio ecuatoriano cuando se procedió al ataque.

Tras el lanzamiento de bombas desde estos aviones, incursionaron varios helicópteros “Supertucanes”, pertenecientes a la fuerza aérea colombiana. Desde ellos se continúo atacando el campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. De dichos helicópteros descendieron comandos especiales que remataron a los guerrilleros que quedaron heridos en el campamento, según se demuestra por las balas que tienen en sus cuerpos gran parte de los cadáveres de los guerrilleros, muchos de ellos apilados en una zona determinada del campamento y asesinados por la espalda. Incluso las fotografías enseñadas por el gobierno colombiano del cadáver del comandante Raúl Reyes, muestra como este tiene un disparo en la parte izquierda de su cara.

Las informaciones que provienen de inteligencia militar ecuatoriana, indican que el espacio aéreo del Ecuador no solo se violó en la madrugada del 1 de marzo, si no que en la madrugada del 2, hay una nueva penetración de helicópteros con visores nocturnos para sacar a miembros de las fuerzas armadas y policía colombiana que aún se mantenían sobre territorio ecuatoriano.

La posición de los árboles derribados en el bombardeo, los múltiples orificios de disparos en los árboles, así como la posición de los cadáveres, viene a demostrar que mientras las FARC vigilaban el campamento en su posición norte, la que mira hacía la frontera con Colombia, la incursión aérea sobrevino del sur, lo que indica que la fuerza aérea colombiana invadió sin permiso, sin notificar y contraviniendo todo tipo de normativa internacional el espacio aéreo ecuatoriano. Los testimonios de los moradores de la zona, indican que el ataque se prolongó desde aproximadamente pasada la media noche hasta las seis de la mañana del 1 de marzo.

La precisión del ataque demuestra también la utilización de una importante tecnología militar que también pone sobre la mesa, la posibilidad de la participación de los Estados Unidos en la masacre, al menos en tareas de información y localización del comando guerrillero.

Los testimonios de los pobladores hablan de la posibilidad de que los helicópteros colombianos se hayan llevado cuatro cadáveres y no dos, los correspondientes a Raúl Reyes y Julián Conrado, como indican las autoridades del país agresor. Por su parte el ejército ecuatoriano no descarta la posibilidad de localizar algún cadáver más en la frondosa zona selvática donde se dio la matanza.

La reacción del presidente Correa. En un acto de soberanía y dignidad, el gobierno de la República del Ecuador ha retirado a su embajador en Bogotá, ha expulsado al embajador de Colombia en Quito, y movilizado a las tropas hacia la frontera, a la vez que ha solicitado la reunión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA, la CAN y el MERCOSUR.

Rafael Correa llamó mentiroso al presidente Uribe, denunciando que había sido notificado por parte de este sobre las 8,30 horas y engañado por su homólogo colombiano, el cual justificó la incursión en territorio ecuatoriano por el calor del combate.

Acusaciones desde Colombia. Que las FARC operan en Ecuador, es una denuncia que ha sido permanente desde la cancillería y la presidencia de Colombia, versión que se vio agravada tras la liberación el 27 de febrero de cuatro ex congresistas colombianos por parte de las FARC. Uno de ellos, Luis Eladio Pérez, declaró a Radio Caracol que al comienzo de su cautiverio estuvo retenido en territorio ecuatoriano, añadiendo que las FARC se suministran de productos provenientes de Ecuador, Brasil y Venezuela. “Yo dormí en el Ecuador: con eso digo todo. Usábamos botas de marca ecuatoriana, desodorantes, drogas brasileñas y jabones venezolanos”, declara al día siguiente de su liberación Luís Eladio Pérez.

Por su parte el ejército ecuatoriano en el transcurso del año pasado descubrió varios campamentos de avituallamiento y descanso de las FARC en territorio del Ecuador, siempre cercanos a la frontera, y en un territorio muy difícil de controlar debido a lo frondoso y extenso que es esta zona selvática que abarca ambos países.

Antecedentes en las relaciones entre Ecuador y Colombia. Las relaciones entre Ecuador y Colombia se habían caracterizado hasta ahora, por un bajo nivel de conflictividad desde el ascenso a la presidencia de Ecuador del economista Rafael Correa Delgado, el 15 de enero del año pasado.

Esta realidad no fue siempre así, habiendo habido situaciones muy tensas durante gobiernos anteriores al de Correa. Así, en el año 2005 se dieron un conjunto de situaciones que cuestionaron la soberanía del Ecuador. En julio de ese año durante el mandato de Alfredo Palacios, Parra Gil, entonces canciller del Ecuador, luego de una reunión con Carolina Barco, entonces canciller de Colombia, cuestionó las fumigaciones de las plantaciones de coca ordenadas desde Bogotá en la línea fronteriza común. A pesar de dicho cuestionamiento y sin tener respuesta positiva por parte de Colombia, Ecuador votó a favor del colombiano Luís Moreno como presidente del BID a solicitud del gobierno colombiano y de los Estados Unidos. Precisamente Luís Moreno había sido embajador de Bogotá en Washington y fue cuestionado por participar en la gestación del Plan Colombia.

Otro hecho que ha evidenciado una postura de ambigüedad en la relación histórica del Ecuador con respecto a Colombia, sucede cuando el 31 de julio del 2005, un reportero ecuatoriano denuncia que “…el ejército de Ecuador se unió a la operación contra los frentes 21, 13 y 48 de las FARC, que estarían escoltando al guerrillero Raúl Reyes y que tienen bloqueado en el departamento del Putumayo”. Esta información fue confirmada por el Mayor General ecuatoriano Reinaldo Castellanos Trujillos.

Pero la violación más grave realizada por el anterior gobierno de Alfredo Palacios, con respecto a la histórica neutralidad del Ecuador ante el conflicto armado en el país hermano se dio cuando ese mismo año, un operativo coordinado de inteligencia de las policías de Ecuador y Colombia ubican y capturan en Quito a presuntos guerrilleros de las FARC que estaban internados en una clínica. Esa coordinación existe, y el hecho más significativo de esta realidad se dio cuando durante la presidencia del Lucio Gutiérrez, en el año 2004, una operación conjunta entre fuerzas del orden colombianas, ecuatorianas y estadounidenses, permitió la captura en Quito de Ricardo Palmero, más conocido por Simón Trinidad, ahora procesado y preso, con una condena de 60 años, en Estados Unidos por la extradición que facilitó el gobierno de Uribe.

Crisis regional. La pretensión del Álvaro Uribe de aplicar en la lucha contra lo que él define como “terrorismo”, la misma estrategia que utiliza Israel en su combate contra el mundo árabe, puede tener repercusiones impredecibles en el continente latinoamericano.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Chávez, ante la posibilidad de que el gobierno de Colombia incursione y viole la soberanía de Venezuela, tal y como lo hizo con Ecuador, ha ordenado el cierre definitivo de su embajada en Bogotá, así como el reforzamiento militar de toda la zona fronteriza con Colombia. Se espera en las próximas horas la expulsión del embajador colombiano en Caracas.

“Señor ministro de Defensa muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia de inmediato. Batallones de tanques. La aviación militar que se despliegue. Nosotros no queremos guerra pero no le vamos a permitir al imperio norteamericano, que es el amo, y a su cachorro el presidente Uribe y la oligarquía colombiana que nos vengan a dividir, que nos vengan a debilitar, no lo vamos a permitir”, ordenó el mandatario venezolano.

Chávez ofreció todo el respaldo necesario, en su conflicto diplomático con Colombia, a Ecuador, indicando: “Pongo a Venezuela en alerta y apoyaremos a Ecuador en cualquier circunstancia”.

Por su parte, el presidente Correa se ha puesto en contacto durante el domingo 2 de marzo con una decena de países con el fin de recabar su apoyo y hacerles partícipes de la gravedad de los hechos ocurridos en la incursión y masacre colombiana en territorio del Ecuador.

La respuesta del ejecutivo colombiano no se ha hecho esperar, y en la misma noche del 2 de marzo, el director de la Policía, general Óscar Naranjo, reveló documentos preliminares por los cuales se pretende demostrar que Raúl Reyes tenía contactos con el Ministro Coordinador de Defensa Interna y Externa del Ecuador, Gustavo Larrea. Estos documentos, fueron supuestamente hallados en tres ordenadores incautados por el ejército colombiano en el campamento donde fue asesinado Reyes.

Los objetivos de Uribe. A pesar de que las FARC han hecho público un comunicado por el cual indican que el asesinato de Raúl Reyes no afectará a las negociaciones por el intercambio humanitario, lo cierto es que los objetivos del presidente Uribe son claros: bloquear el proceso de entrega de rehenes de tal manera que quede bloqueada la posibilidad de devolución por parte de las FARC de Ingrid Betancourt.

Si bien la voluntad del ejecutivo colombiano de que Betancourt no regrese viva es una realidad difícilmente cuestionable, lo cierto es que tras las declaraciones de los cuatro ex congresistas liberados el pasado 27 de febrero, donde se indicaba la voluntad de la secuestrada de presentarse a las elecciones presidenciales de Colombia con un programa de paz para este país, ha puesto muy nervioso a Uribe.

Paralelamente a esto, la intervención colombiana en el Ecuador, pretende claramente convertir al país vecino, en una suerte de Camboya, con respecto al conflicto militar colombiano.

La finalización del acuerdo suscrito por 10 años entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos, para la utilización por parte de las fuerzas armadas norteamericanas de la base de Manta, el cual expirará a finales del presente año, y sobre el cual ya se ha posicionado el presidente Correa, con respecto a su voluntad de no renovarlo, también es un elemento a tener en cuenta en la escalada de la crisis diplomática en el área andina.

La base de Manta es una herramienta fundamental dentro de la estructura y estrategia del Plan Colombia, y aunque el gobierno norteamericano no ha hecho declaraciones en firme sobre su salida de la base a finales del 2008, es evidente que forma parte de su agenda de preocupaciones con respecto a la nueva política desarrollada en el Ecuador a partir de la llegada al poder de la llamada “Revolución Ciudadana”.

Decio Machado para Rebelión.org